El juez de California Thomas Hixson ha rechazado este viernes la petición del ex presidente de Perú Alejandro Toledo para impedir su extradición al país, después de que su defensa alegara cuestiones formales.

Los abogados del ex mandatario habían aludido a una falta de acusación y al incumplimiento de los requisitos establecidos en el tratado de extradición, algo que el juez no ha estimado y ha decidido que el proceso siga su curso.

El magistrado Hixson ha aclarado que si se analiza el procedimiento penal de cada país se condenaría a los tribunales estadounidenses a “convertirse en expertos” de las leyes extranjeras. “Una tarea que probablemente lleve a error”, según ha explicado, informa el diario local ‘El Comercio’.

Por ello, y pese a reconocer el error en la solicitud de extradición por parte de Perú, el juez estadounidense ha decidido denegar la solicitud interpuesta por la defensa de Toledo para que se rechazara su extradición por cuestiones de forma.

Toledo es reclamado por la Justicia peruana, que le acusa de haber recibido unos 35 millones de dólares en sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de privilegios en los concursos de licitación de obras públicas.

Se trata de la segunda vez que Toledo tiene que hacer frente a una petición de extradición después de las acusaciones que pesan sobre él con motivo de los supuestos sobornos que habría percibido de la constructora brasileña Odebrecht y de la empresa Camargo Correa, a cambio del concurso de varios tramos de la carretera Interoceánica.

Con el dinero que Toledo, actualmente preso en Estados Unidos, habría recibido, se constituyeron supuestamente, varias empresas ‘offshore’ en Costa Rica, entre ellas Ecoteva Consulting Group, la cual habría sido utilizada para lavar dinero de origen ilícito a través de la compra de varios inmuebles.

Toledo siempre negó las acusaciones y explicó que los cerca de 20 millones que habría ingresado en una de estas empresas procedían de una indemnización de Alemania a las víctimas del Holocausto, de la cual su suegra, Eva Fernenbug, se benefició, aunque las investigaciones lo descartaron.

La Fiscalía denunció que los supuestos sobornos habrían servido a Toledo para hacer frente a los pagos de varias de sus hipotecas y a la compra de inmuebles en Perú, por lo que piden para él y su mujer 16 años y ocho meses de cárcel por un delito de blanqueo de capitales.

El juez que lleva el caso de extradición del ex presidente peruano había denegado dos veces su salida en libertad o bajo fianza mientras duraba el juicio.

El magistrado Thomas Hixson, del distrito Norte de California, desestimó las pruebas aportadas por la defensa de Toledo en su oportunidad, y se ratificó en su decisión que permaneciese en prisión al hallar riesgo de fuga si le dejaba salir de la cárcel.