Washington, D.C. — La esperanza volvió a los corazones de decenas de familias migrantes luego de que un juez federal decidiera mantener, de manera temporal, la protección que impide al gobierno de Estados Unidos deportar a niños guatemaltecos que llegaron solos al país y que hoy viven en albergues o familias de acogida.

La orden, emitida este sábado por el juez Timothy J. Kelly, extiende hasta el 16 de septiembre la suspensión de las deportaciones. El magistrado señaló que aún necesita revisar a fondo un caso que ha estado marcado por cambios de último minuto y contradicciones en los argumentos del gobierno federal.

La medida surge tras la polémica operación ejecutada durante el fin de semana del Día del Trabajo, cuando la administración Trump intentó expulsar de forma repentina a decenas de menores guatemaltecos. En la madrugada del 30 de agosto, autoridades notificaron a albergues y hogares sustitutos que los niños debían estar listos para ser enviados a Guatemala en cuestión de horas. Algunos de ellos incluso llegaron a abordar aviones en Texas antes de que las acciones legales interrumpieran el proceso.

Organizaciones defensoras de los derechos de la niñez reaccionaron de inmediato, denunciando que se trataba de un intento de devolver a los menores sin respetar los procedimientos legales establecidos para protegerlos. Muchos de estos niños, explicaron, huyeron de contextos de violencia o abusos en sus comunidades de origen, y una deportación apresurada podría significar exponerlos nuevamente a graves riesgos.

“El peligro es real: estos niños no solo buscan un refugio, buscan sobrevivir”, expresaron los abogados que interpusieron la demanda contra el gobierno.

El caso ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de más de 300 menores identificados para posible deportación, de los cuales 76 estuvieron a punto de ser enviados a Guatemala en un “primer grupo”. La intervención judicial detuvo esa acción, pero la incertidumbre continúa.

Por ahora, la orden de Kelly representa un respiro, aunque temporal, para los niños y adolescentes que encontraron en los albergues y familias de acogida un espacio seguro frente al miedo. Defensores de la niñez solicitaron además que el tribunal garantice una protección más amplia y prolongada mientras se resuelve la demanda, ante reportes de que el gobierno también buscaría deportar a menores hondureños.

El futuro de estos niños permanece en manos de los tribunales, mientras activistas insisten en que la humanidad y la protección de los más vulnerables deben prevalecer sobre las decisiones políticas.