POR PRENSA ATLANTA

El gobierno de Estados Unidos ha ampliado de manera constante el uso de tecnologías de vigilancia, a menudo bajo el argumento de combatir el fraude, prevenir el crimen o identificar a inmigrantes indocumentados. Sin embargo, esas mismas herramientas, desde el acceso a bases de datos del Departamento de Motores y Vehículos, DMV y el reconocimiento facial, hasta el rastreo de teléfonos celulares y los contratos con corredores de datos; han construido una vasta infraestructura que va mucho más allá de la aplicación de leyes migratorias.
De acuerdo con un panel de expertos consultados por varios medios, “esta creciente red digital de vigilancia amenaza con colocar a todos los estadounidenses bajo un escrutinio sin precedentes. A medida que el gobierno recopila y vincula información personal de múltiples fuentes, aumentan los riesgos de persecución política, robo de identidad y filtraciones masivas de datos”.

• Lo que comenzó como vigilancia dirigida a inmigrantes puede transformarse rápidamente en vigilancia sobre toda la población, erosionando los derechos de privacidad y las libertades democráticas de todos los residentes, aducen.

• Un panel de expertos en el tema analizó estos tópicos durante la videoconferencia: “Ampliar la vigilancia sobre los inmigrantes: ¿a qué precio?”, organizada por American Community Media (ACoM). En la reunión virtual se analizaron las tendencias más recientes bajo la actual administración y las medidas necesarias para proteger la democracia y las libertades civiles.

LA TORRE DE VIGILANCIA DIGITAL

Nicole Álvarez, analista senior de políticas tecnológicas en el Center for American Progress, afirmó que el gobierno está utilizando información personal sensible de los estadounidenses para construir lo que calificó como una “torre de vigilancia digital”, un sistema que no solo amenaza a las comunidades inmigrantes, sino que también erosiona los derechos privados de toda la ciudadanía.
“Me refiero a la información personal que las personas comparten con el gobierno federal cuando solicitan beneficios, declaran impuestos, se registran para servicios públicos o interactúan con agencias en cualquier función oficial”, explicó.
Entre los datos que citó se encuentran los números de seguro social, historiales médicos, estatus migratorio y declaraciones de impuestos. Según Álvarez, su último informe se centra en dos fenómenos clave que impulsan la expansión de esta vigilancia: el abuso secundario de datos y la centralización de los sistemas federales de información.

UNA LEY NACIDA DEL ESCÁNDALO DE WATERGATE

Álvarez recordó que la Ley de Privacidad de 1974 es el principal marco legal que regula cómo las agencias federales deben manejar los datos personales. Esta normativa,fue promulgada tras el escándalo de Watergate, cuando el Congreso descubrió la facilidad con que los datos gubernamentales podían ser utilizados con fines políticos.
“En esencia, la ley establece que cuando una persona entrega información al gobierno federal, esta debe utilizarse únicamente para el propósito con el que fue proporcionada”, explicó. “Además, las agencias no pueden compartir esa información con nadie, salvo en circunstancias muy limitadas o cuando la persona haya dado su consentimiento por escrito”.
Sin embargo, según la analista, ese principio se ha ido debilitando. “Lo que estamos viendo bajo la administración Trump es un abuso generalizado: información entregada a una agencia federal para un propósito específico, como el pago de impuestos, está siendo reutilizada por la misma agencia o por otra, sin el consentimiento de las personas”, advirtió.

DATOS FISCALES USADOS PARA DEPORTACIONES

• Según la perspectiva de la analista Nicole Álvarez el Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS) ha comenzado a compartir datos de contribuyentes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con el objetivo de identificar y deportar a inmigrantes que han cumplido con sus obligaciones fiscales.

“Cuando las personas enviaron su información al IRS, lo hicieron bajo el entendimiento de que sería utilizada únicamente con fines fiscales, no para redadas migratorias. Ahora esos datos se están usando como arma en la aplicación de la ley de inmigración”, afirmó.
El problema, explicó, radica en el memorando de entendimiento entre el IRS y el ICE, que permite intercambiar información con el pretexto de investigar a personas que evaden órdenes de deportación, lo cual constituye un delito federal.
“Lamentablemente, debemos confiar en su palabra de que no están usando esos datos para impulsar deportaciones masivas. Pero si una solicitud escrita cumple con los requisitos legales de una investigación criminal, el IRS está obligado a compartir esa información. Es una pendiente muy resbaladiza y podría sentar un precedente peligroso si se permite que continúe”, alertó.

MEDICAID CONVERTIDO EN CANAL DE VIGILANCIA

Álvarez añadió que este tipo de prácticas no son aisladas. También se ha reportado que los registros de Medicaid se han utilizado para identificar a inmigrantes con fines de deportación.
“Esto está convirtiendo las redes de seguridad sanitaria en canales de vigilancia”, advirtió. “En general, supone una ruptura profunda con las normas tradicionales de privacidad y con el principio de limitar el uso de los datos al propósito original con el que fueron recabados”.
Por ello, instó a la ciudadanía a mantenerse cautelosa sobre la información que comparte y a apoyar iniciativas que promuevan la transparencia, la rendición de cuentas y la limitación del intercambio de datos entre agencias.

AMPLIOS PODERES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL

Emerald Tse, asociada del Georgetown’s Center on Privacy & Technology, coincidió en que el gobierno federal ha adquirido poderes de vigilancia digital sin precedentes a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
“En nuestro informe American Dragnet, publicado en 2022, revelamos que el ICE utiliza la vigilancia digital para monitorear la vida cotidiana de la mayoría de las personas en Estados Unidos”, señaló.
Uno de los hallazgos más preocupantes, según Tse, es que cuando las personas contrataban servicios básicos como agua o electricidad, la información que entregaban a las compañías terminaba en manos del ICE. Lo mismo sucedía con los datos proporcionados a los departamentos de vehículos motorizados (DMV) al solicitar licencias de conducir.

LA VIGILANCIA GENÉTICA: UN NUEVO NIVEL DE CONTROL

Además de la recopilación masiva de datos personales, Tse denunció que el gobierno ha expandido su alcance hacia el control genético.
“En 2024 publicamos el informe Genome Classification, donde documentamos la expansión de un programa del DHS para recolectar ADN de miles de personas cada día”, explicó. “Descubrimos que el gobierno federal ha estado recolectando ADN bajo la presunción de que las personas podrían cometer delitos en el futuro”.
Según la investigadora, el ADN recolectado se almacena en la base de datos federal CODIS, utilizada por fuerzas del orden en todo el país. “Las agencias pueden buscar coincidencias para identificar a personas que cometieron delitos en el pasado, pero también encontramos que el gobierno defiende esta práctica como una forma de predecir quién podría cometer delitos en el futuro”, advirtió.
Tse calificó esta tendencia como una amenaza sin precedentes a los derechos civiles: “Recolectar ADN con fines predictivos es una práctica que abre la puerta a la criminalización preventiva y al abuso del poder estatal”.

LA VIGILANCIA EN REDES SOCIALES

Sophia Cope, abogada senior de la Electronic Frontier Foundation (EFF), abordó otro frente de vigilancia creciente: las redes sociales.
Durante la primera administración de Trump, el Departamento de Estado incorporó una nueva pregunta en los formularios de
solicitud de visa, posteriormente extendida al formulario ESTA para viajeros. La pregunta pedía a los solicitantes detallar los perfiles de redes sociales utilizados durante los últimos cinco años.
“El objetivo era que los funcionarios consulares revisaran las redes sociales públicas de los solicitantes y determinaran, a partir de su contenido, si se les debía conceder o no una visa”, explicó Cope.

Sin embargo, advirtió que esta práctica también afecta a los ciudadanos estadounidenses. “Los amigos, colegas o familiares de los solicitantes podrían sentirse limitados para hablar de ciertos temas en línea, por miedo a poner en riesgo las solicitudes de sus seres queridos o a verse implicados en la vigilancia”, señaló.
Cope subrayó que el gobierno nunca ha afirmado haber detenido esta práctica. “La actual administración Trump continúa monitoreando redes sociales, no solo de los solicitantes de visa, sino también de los titulares de visas de estudiante que actualmente viven en Estados Unidos”, aseguró.

UN NUEVO ROSTRO DEL CONTROL ESTATAL

Las tres expertas coincidieron en que el uso expansivo de tecnologías de vigilancia y recopilación de datos está transformando el papel del Estado, llevándolo de un modelo de servicio público a uno de control y supervisión constante.
Lo que alguna vez fue un conjunto de herramientas dirigidas a la aplicación de leyes migratorias se ha convertido en una
infraestructura de monitoreo masivo, con la capacidad de registrar, cruzar y analizar la vida digital de millones de personas.
“Si no se establecen límites claros y mecanismos de rendición de cuentas”, advirtió Álvarez, “esta red digital podría volverse permanente, normalizando la vigilancia y debilitando los cimientos mismos de la democracia estadounidense”.

Nicole Alvarez | nalvarez@americanprogress.org Nicole Alvarez is a senior policy analyst for Technology Policy at American Progress. She brings a wealth of experience and knowledge to the Technology Policy team from her previous role at the Future of Privacy Forum. There, she dedicated her efforts to analyzing the legal and ethical aspects of data collection. Passionate about safeguarding human rights, Alvarez worked to promote principled data practices, balancing the demands of technology with the imperative of privacy. She holds a Juris Doctor from Pennsylvania State’s Dickinson Law and a bachelor’s degree in psychology from Penn State University. Outside the office, Alvarez enjoys building her own mechanical keyboards and staying active through Pilates and hiking.

Emerald Tse | emerald.tse@georgetown.edu Emerald Tse is an Associate at the Center on Privacy & Technology at Georgetown Law. Her work focuses on the surveillance of immigrants and of families. Before coming to Georgetown, she held internships at Privacy Rights Clearinghouse, the California Attorney General’s Office, Just Futures Law, and the San Francisco City Attorney’s Office. She received her J.D. from the University of California, Davis, and holds a B.A. in Communication and Political Science from there as well.

Sophia Cope | sophia@eff.org Sophia Cope is a Senior Staff Attorney on the Electronic Frontier Foundation’s civil liberties team, working on a variety of free speech and privacy issues. Key topics include border searches of electronic devices, surveillance and human rights, the right to record the police, Section 230, and student speech and student privacy online. She has been a civil liberties attorney for two decades and has experience in both litigation and policy advocacy. She previously worked at the News Media Alliance, the Center for Democracy & Technology, and the First Amendment Project. She is a graduate of Santa Clara University and University of California College of the Law, San Francisco (UC Law SF, formerly UC Hastings).