Washington, D.C.

Una nueva regulación sobre la evaluación de “carga pública” entrará en vigor el 18 de septiembre de 2026, luego de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicara el pasado 20 de julio una regla final que elimina las disposiciones establecidas en 2022.

A partir de esa fecha, los funcionarios de inmigración tendrán mayor discreción para analizar los factores relacionados con cada caso. De acuerdo con Protecting Immigrant Families (PIF), ya no estarán limitados a las dos categorías de beneficios contempladas bajo la regulación de 2022: determinadas ayudas monetarias para mantener los ingresos y la institucionalización de largo plazo financiada por el gobierno.

La nueva política también permitirá considerar otros programas de asistencia social y determinados beneficios recibidos por un dependiente del solicitante como evidencia relacionada con sus ingresos y situación financiera. Entre los factores que pueden formar parte de la evaluación figuran la edad, ingresos, educación, habilidades, empleo, salud, declaración jurada de patrocinio económico y programas de beneficios.

La regulación se aplicará a determinadas solicitudes de admisión presentadas desde el 18 de septiembre, así como a solicitudes de ajuste de estatus enviadas por correo o electrónicamente a partir de esa fecha. Los beneficios recibidos antes de la entrada en vigor serán considerados bajo las disposiciones correspondientes de 2022.

DHS señala que recibir un beneficio público no determina automáticamente que una persona sea considerada carga pública. PIF también indica que la nueva política no modifica quiénes están sujetos a esta evaluación.