CIERRE ADMINISTRATIVO DE SU CASO ANTES EL TRIBUNAL DE INMIGRACION

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inmi 02

abo 1 1 1Recién el 23 de noviembre la Oficina Ejecutiva para Revisión de Inmigración (“EOIR”, por sus siglas en inglés) público un memorándum sobre las implicaciones que suelen tener la decisión del Procurador General de restaurarle a los jueces de inmigración y a la Junta de Apelaciones de Inmigración (“BIA”, por sus siglas en ingles) la autoridad de cerrar casos administrativamente, algo que bajo la administración Trump fue prohibido. Matter of Castro-Tum, 27 I&N Dec. 271 (A.G. 2018).

La decisión de un juez de inmigración en conceder el cierre administrativo no equivale a una decisión final en el caso. Cuando un caso de inmigración es cerrado administrativamente por un juez de inmigración, el caso simplemente esta temporariamente removido de la agenda activa del juez. Los jueces de inmigración suelen usar el cierre administrativo como herramienta para controlar la sobrecarga de casos que administran.

Recién el Procurador General, Merrick B. Garland en el caso de Matter of Cruz-Valdez, 28 I&N Dec. 326 (A.G. 2021) reconoció que históricamente el uso del cierre administrativo por los tribunales de inmigración y la Junta de Apelaciones ha servido para promover la eficaz de los tribunales de inmigración con dado a que tal herramienta le permite a los jueces y los fiscales de inmigración enfocarse principalmente en los casos de alta prioridad para la ejecución de la ley de inmigración. Es decir, el cierre administrativo ayuda a que los casos de baja prioridad sean removidos de la agenda activa de los tribunales de inmigración, acción que permite que los jueces y los fiscales de inmigración se enfoquen en casos de alta prioridad.

El pedido del cierre administrativo de un caso puede ser presentado por el Departamento de Seguridad Nacional o por la persona quien se encuentra en trámite de deportación antes el tribunal de inmigración. Cuando ambas partes conceden al cierre administrativo, por lo general, el juez de inmigración debe concederlo. Usualmente el cierre administrativo es concedido cuando la persona sujeta al trámite de deportación antes el tribunal de inmigración no es considerado de alta prioridad para la ejecución de la ley de inmigración.

El juez de inmigración también puede conceder el cierre administrativo en otras situaciones o por otras razones, como por ejemplo:

  • Para permitirle a la persona archivar una solicitud con otra agencia de inmigración, como por ejemplo, USCIS;
  • Para permitirle a USCIS tiempo para adjudicar una solicitud que la persona ha sometido para consideración;
  • En casos donde hay una petición aprobada por USCIS, pero no hay una visa disponible;
  • En casos donde la persona ha sido concedida estatus de protección temporal (“TPS”, por sus siglas en ingles).

Esta lista no es exhaustiva.

Recomendación: Si usted se encuentra en trámite de deportación antes el tribunal de inmigración o tiene un caso pendiente ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, hable con su abogado para averiguar si su caso presenta factores que lo hacen a usted buen candidato para el cierre administrativo y cuáles serían las ventajas o desventajas en solicitar el cierre administrativo de su caso.

Aviso Legal: La información que los lectores reciben por este medio es de carácter general y no substituye una consulta formal con un abogado de inmigración. 678-303-0018 Vazquez & Servi, P.C., https://www.imlaw.us/blog

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