Por: Janet Mori Pizzino
Corresponsal en España

En España, la herida sigue abierta tras el caso de Noelia, la joven de 25 años que decidió someterse a la eutanasia el pasado 26 de marzo. Su muerte, lejos de cerrar el debate, ha dejado interrogantes sobre posibles irregularidades durante el procedimiento y sigue alimentando la controversia en los tribunales e incluso a nivel internacional.

Abogados Cristianos, que intentaron paralizar la eutanasia, han denunciado a la médica que tramitó su muerte asistida. Alegan un posible conflicto de intereses, ya que también coordinó el trasplante de órganos de la joven. Además, salió a la luz una carta manuscrita que Noelia escribió en 2024 solicitando aplazar el final de su vida, documento que fue rechazado por la justicia de Cataluña al considerar que no era plenamente consciente de lo que escribía.

“Creo que se han cubierto los aspectos legales en la forma, pero esto evidencia que los mecanismos teóricos de control son profundamente subjetivos: ¿quién mide el dolor psicológico? ¿Por qué se considera competente a un paciente con problemas psiquiátricos evidentes? ¿Por qué se considera insoportable la paraplejia cuando, lamentablemente, cientos de pacientes con paraplejia derivada de accidentes de tráfico llevan una vida digna?”

Son preguntas que plantea Pedro Tarquis, médico internista y miembro del Grupo de Trabajo de Bioética de la Alianza Evangélica Española. También cuestiona por qué los 11 miembros de la Comisión de eutanasia en Cataluña que intervinieron son activistas favorables a esta práctica, legal en España desde 2021. La historia de Noelia Castillo, una joven de Barcelona marcada por el sufrimiento emocional y que quedó parapléjica tras lanzarse desde un quinto piso después de sufrir una agresión sexual, ha reabierto el debate sobre si el sistema español agotó todas las alternativas antes de autorizar la eutanasia. Tarquis añade:

“Hoy en día en España, los cuidados paliativos y la atención a la salud mental padecen una creciente falta de asistencia y cobertura, tanto en los tiempos de

respuesta como en la amplitud de recursos disponibles; lo que favorece una peligrosa pendiente social que desliza hacia la eutanasia como solución final —o incluso única— en situaciones desesperadas.”

Mientras en España se discute si la llamada “muerte digna” supone la legitimación del suicidio, Estados Unidos ha aprovechado el momento para endurecer su tono con el gobierno de Pedro Sánchez, solicitando explicaciones a través de su embajada en Madrid por esta muerte asistida. La respuesta de Moncloa fue tajante: que dejen de meter sus narices donde no les corresponde.

Pero conviene detenerse en el precedente que deja este caso. Pedro Tarquis concluye:

“Creo que se ha abierto la puerta a la práctica del suicidio asistido en casos de enfermedad mental y en personas jóvenes, algo especialmente grave cuando el suicidio ya es la principal causa de muerte entre los jóvenes en España, por encima de los accidentes de tráfico.”