Millones de estadounidenses pierden acceso a cupones de alimentos en medio del cierre del gobierno
La falta de consenso en el Congreso impidió la reapertura del gobierno, provocando que se agotaran los fondos del SNAP, el programa federal más importante en la lucha contra el hambre.
REDACCIÓN PRENSA ATLANTA GLOBAL
Desde el 1 de noviembre, casi 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos han perdido el acceso a los cupones de alimentos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), en medio del cierre parcial del gobierno federal, que ya supera el mes de duración.
Aunque un juez federal ordenó a la administración Trump utilizar fondos de emergencia para cubrir los pagos del programa durante noviembre, la interrupción de los beneficios no se ha podido evitar y podría tardar semanas en resolverse.
A esta crisis se suma la Ley Integral de Reforma Alimentaria, aprobada por el Congreso a principios de este año, que recorta el presupuesto del SNAP en 287 mil millones de dólares durante la próxima década e impone nuevos requisitos laborales para determinar la elegibilidad, lo que complicará aún más el acceso a los beneficios.
“NUNCA ANTES SE HABÍA VISTO ALGO ASÍ”
Durante la videoconferencia “42 millones de estadounidenses perderán la asistencia alimentaria en noviembre debido al cierre del gobierno”, organizada por American Community Media (ACoM), Jamie Bussel, de la Fundación Robert Wood Johnson, destacó que el SNAP es el programa contra el hambre más grande del país, creado durante la Gran Depresión, y que nunca había sido interrumpido de esta manera.
“El programa WIC es otro programa federal de alimentación y nutrición de vital importancia que proporciona alimentos, fórmula, educación nutricional, apoyo a la lactancia materna y una amplia gama de servicios de salud a mujeres embarazadas, en período posparto, bebés y niños pequeños”, señaló Bussel.
Agregó que esta crisis no se debe a la falta de fondos, sino a la falta de voluntad política: “Nuestros legisladores priorizan la política sobre las personas, en lugar de alimentarlas. Son nuestras familias, nuestros hijos, nuestros adultos mayores, nuestros abuelos y nuestros veteranos quienes quedan atrapados en este estancamiento político”.
Bussel advirtió que con la interrupción del financiamiento para SNAP y WIC, toda la sociedad sufrirá.
“Las familias pasarán hambre. Los millones de personas que dependen del SNAP no tendrán recursos para garantizar una alimentación adecuada durante el mes. Esto incluye a niños, personas con discapacidades, adultos mayores, veteranos y más de siete millones de bebés y familias que participan en el programa WIC”.
La experta también alertó que las economías locales se verán seriamente afectadas, ya que las compras con SNAP representan hasta el 15% del total de ventas en supermercados, con un impacto particularmente grave en las zonas rurales.
“Es probable que los bancos de alimentos colapsen. Y aunque los sistemas de asistencia alimentaria de emergencia son vitales, no reemplazan el programa SNAP. Por cada comida que un banco de alimentos puede ofrecer, SNAP proporciona nueve”.
Además, recordó que cuando los niños dejan de recibir SNAP, también corren el riesgo de perder acceso a otros programas como el Almuerzo y Desayuno Escolar y los programas de alimentación de verano.
REPERCUSIONES EN EL ESTADO DE CALIFORNIA
Joseph Llobrera, director de Investigación de Políticas de Asistencia Alimentaria del Center on Budget and Policy Priorities, explicó que en California se distribuyen más de 1,000 millones de dólares en beneficios del SNAP cada mes, beneficiando a más de cinco millones de californianos, es decir, uno de cada siete residentes del estado.
“Esa es la crisis inmediata del cierre del gobierno que estamos viendo, la cual interrumpirá los beneficios en noviembre”, advirtió.
A esto, añadió, deben sumarse los efectos de la ley de reconciliación republicana promulgada en julio, que eliminará la elegibilidad para millones de personas en los próximos meses y años.
Llobrera detalló que los recortes reducirán el SNAP en 187 mil millones de dólares hasta 2034, equivalente a una disminución del 20%, el mayor recorte en la historia del programa.
“Estimamos que, a nivel nacional, alrededor de cuatro millones de personas, incluyendo un millón de niños, perderán total o parcialmente la asistencia alimentaria cuando estas disposiciones entren en vigor”.
También explicó que la nueva ley reduce drásticamente la financiación federal para los programas estatales del SNAP, obligando a los estados a asumir costos inasumibles.
“La mayoría de los estados afrontarán costos de entre el 5% y el 15% del total de los beneficios. En California, un 5% equivale a 600 millones de dólares al año, y un 15% a 1,800 millones”.
Llobrera advirtió que los nuevos requisitos laborales ampliados por la ley privarán de asistencia alimentaria a millones de personas.
“Este papeleo adicional representa un obstáculo administrativo que desanima la participación en el programa. Padres, cuidadores y adultos mayores entre 55 y 64 años ahora deberán cumplir con estos requisitos, y se han eliminado exenciones para veteranos, personas sin hogar y jóvenes que salieron del sistema de acogida”.
Tan solo en California, se estima que cientos de miles de personas podrían perder parte de sus beneficios del SNAP debido a estos nuevos requisitos.
Además, la ley niega asistencia alimentaria a muchos inmigrantes con estatus legal o con protección humanitaria, incluidos refugiados, asilados, sobrevivientes de violencia doméstica y víctimas de trata de personas.
Gina Plata-Niño, directora interina del programa SNAP en el Food Research & Action Center, destacó que el problema afecta directamente a los niños, cuyos cuidadores ganan menos de $1,100 dólares al mes, destinando entre el 70% y el 80% de sus ingresos a la vivienda.
“Eso deja muy poco para cubrir otras necesidades básicas. Además, solicitar los cupones del SNAP no es fácil, y en algunos estados se están implementando barreras adicionales”.
Plata-Niño subrayó que el número de personas que requieren asistencia alimentaria depende directamente del estado de la economía.
“Cuando hay una economía fuerte y empleos con salario digno, menos personas necesitan SNAP. Pero hoy estamos frente a un mercado laboral difícil. Muchos de los beneficiarios son padres trabajadores pobres, con dos o tres empleos, que aun así no logran cubrir lo esencial”.
Según la experta, el programa marca la diferencia entre vivir en la pobreza o salir de ella, especialmente en estados con alto costo de vida.
EN “JUEGO” EL BIENESTAR DE LOS NIÑOS
Por su parte, Eric Valladares, director ejecutivo de Family Connections, enfatizó que sin una vivienda segura, alimentación ni ingresos estables, las familias no pueden concentrarse en el desarrollo ni bienestar de sus hijos.
“Más del 75% de las familias a las que servimos tienen ingresos iguales o inferiores al 50% del ingreso medio del área, lo que las ubica en las categorías de ingresos extremadamente bajos o muy bajos en el condado de San Mateo, donde el ingreso medio familiar supera los $150,000”.
Valladares señaló que la brecha entre lo que las familias ganan y lo que necesitan para cubrir sus gastos básicos es enorme, y perder beneficios públicos incrementará el estrés crónico y la ansiedad, lo que a su vez afecta la salud mental y emocional de los niños.
“Esta crisis va mucho más allá del hambre; pone en riesgo el bienestar integral de millones de familias estadounidenses”.
Speaker Bios
Jamie Bussel | jbussel@rwjf.org
Jamie Bussel, a senior program officer, has extensive
experience in developing programs and policies that promote
the health of children and families. As Senior Program Officer and Childhood Obesity Lead at the Robert Wood Johnson Foundation, Jamie is dedicated to working alongside others to build a Culture of Health that provides every family and every child in America a fair and just opportunity to live their best, healthiest life possible. She’s passionate about creating a healthier, more equitable future for all our nation’s families. She’s deeply committed to addressing the root causes of health inequities; advancing obesity prevention efforts that target the social and commercial determinants of health; supporting policies that promote healthy diets and optimal nutrition; and achieving change to reduce food insecurity and diet related diseases. Jamie believes strongly that the world has a lot to teach us about how we in the U.S. can improve health policy around childhood obesity.
Joseph Llobrera | jllobrera@cbpp.org
Joseph Llobrera is the Director of Research for the Food
Assistance team. As a research associate at the Center between 2002 and 2007, Llobrera supported the Food Assistance, State Fiscal, and Housing Policy teams. Before returning to the Center, he served as an Associate Director of Learning and Improvement at Insight Policy Research, providing technical assistance and training to federal, state, and local human service agencies that administer the Supplemental Nutrition Assistance Program and the Temporary Assistance for Needy Families program. He also worked as a researcher at IMPAQ International and the Urban Institute, focusing on food assistance policy, workforce development, and health policy.
Llobrera holds a Ph.D. in Nutrition from the Friedman School of Nutrition Science and Policy at Tufts University, a master’s degree in Geography from the University of Washington (Seattle), and a bachelor’s degree in Mathematics and Urban Studies from Brown University.
Eric Valladares | evalladares@familyconnections.org
Eric Valladares joined Family Connections as the Executive Director in November 2021. For more than a decade, Eric has worked at various nonprofi ts in San Mateo County, where his focus has been on supporting some of our most vulnerable families and communities. His work has included home visiting services for children and their families, family reunifi cation, school-based counseling, therapy in childcare settings, and supporting survivors of sexual assault and domestic violence.
More recently, Eric has taken on leadership roles overseeing programs that focus on Early Childhood, Child Abuse Prevention and Intervention, and Crisis Intervention and Suicide Prevention. Eric has a Master’s degree in Clinical Psychology from San Francisco State University and holds a Marriage and Family Therapy license through the State of California. Eric loves spending time with his wife and two small children and, whenever he can, loves to visit Disneyland!
Gina Plata-Nino | gplata-nino@frac.org
Gina Plata-Nino is the interim director for SNAP at the Food Research & Action Center, a nonprofi t where she addresses food insecurity by alleviating immediate hunger and tackling its root causes. She led inventive initiatives in Massachusetts, including a successful campaign to introduce a restaurant meals program, enabling unhoused individuals and those with disabilities to use SNAP benefi ts for hot meals, and a hot meals delivery program during the COVID-19 pandemic. She has applied those local lessons to expand her reach; for example, she applied local lessons to help implement the National Strategy on Hunger, Nutrition, and Health and to co-lead the White House Challenge to Build Healthy Communities—efforts that helped secure nearly $1.7 billion in support for food access, nutrition education, and improved health outcomes.
