El presidente Donald Trump planea intensificar de manera significativa los procesos para retirar la ciudadanía estadounidense a personas naturalizadas, como parte de una nueva fase de su política migratoria. Directrices internas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) establecen metas mensuales para promover entre 100 y 200 casos de desnaturalización durante el año fiscal 2026, una cifra sin precedentes en la era moderna.

La instrucción fue distribuida a oficinas locales del USCIS y contempla el envío sistemático de expedientes a la Oficina de Litigios de Inmigración. De concretarse esos objetivos, el volumen de casos representaría un aumento drástico frente a los poco más de 120 procesos iniciados entre 2017 y 2025, de acuerdo con registros del Departamento de Justicia.

La ley federal permite la desnaturalización únicamente en circunstancias específicas, principalmente cuando se demuestra fraude o tergiversación durante el proceso de obtención de la ciudadanía. No obstante, la administración Trump ha dejado claro que priorizará a quienes, a su juicio, obtuvieron la ciudadanía de manera ilegal, reforzando el uso de esta herramienta dentro de una estrategia más amplia de control migratorio.

Las nuevas directrices llegan en un contexto de endurecimiento general de la política migratoria. En lo que va del año, el gobierno ha cerrado vacíos legales, impuesto mayores restricciones al asilo en la frontera sur, pausado solicitudes de asilo dentro del país y aplicado prohibiciones de ingreso a viajeros procedentes de países mayoritariamente africanos y de Medio Oriente. Funcionarios federales sostienen que estas medidas buscan fortalecer la seguridad nacional y preservar los valores del país.

El enfoque ha generado inquietud entre exfuncionarios del propio USCIS, quienes advierten que la fijación de cuotas mensuales podría politizar un procedimiento históricamente excepcional. También señalan el riesgo de que personas con errores involuntarios en su documentación enfrenten procesos severos, lo que podría aumentar el temor entre millones de ciudadanos naturalizados que cumplen la ley.

Por otro lado, sectores que respaldan una aplicación más estricta de las leyes migratorias consideran necesaria una depuración más agresiva del sistema, argumentando que el país aún está lejos de aplicar la desnaturalización de forma excesiva y que los esfuerzos se concentrarían en casos graves.

En Estados Unidos residen aproximadamente 26 millones de ciudadanos naturalizados. Solo el año pasado, más de 800.000 personas adquirieron la ciudadanía, principalmente originarias de México, India, Filipinas, República Dominicana y Vietnam. En la mayoría de los casos en que prospera una desnaturalización, la persona pierde la ciudadanía pero conserva la residencia legal permanente.

Las metas de desnaturalización forman parte de un documento más amplio que fija las prioridades del USCIS para el año fiscal 2026, iniciado en octubre, donde también se incluyen la gestión de casos de alto riesgo y el fortalecimiento interno de la agencia. De manera paralela, el Departamento de Justicia ha indicado que dará prioridad a estos procesos, con especial atención a individuos vinculados a delitos graves, fraude financiero, pandillas, cárteles de la droga o antecedentes de violencia.