Por Amilcar Ernesto Valencia 
En septiembre de 2018, la alcaldesa de la ciudad de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, firmó la orden ejecutiva con la que se ponía fin al contrato con Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en Inglés).
Por años, miembros de la comunidad, personas afectadas, y organizaciones sin fines de lucro habían puesto al descubierto las violaciones a los derechos humanos en la cárcel de la ciudad de Atlanta (ACDC).
Project South publicó un informe detallado sobre los abusos, malos tratos, negligencia médica entre otros problemas que las personas detenidas vivían constantemente.
Mientras tanto la ciudad se gloriaba llamarse así misma una acogedora o de bienvenida para los inmigrantes (Welcoming City).
Los hechos ponían al descubierto lo contrario, la ciudad de Atlanta NO es una ciudad acogedora al inmigrante. Gracias a la presión de la comunidad, la alcaldesa no tuvo otra opción que firmar la orden ejecutiva que daba por terminado el contrato con ICE.
Fue la comunidad, no la alcaldesa quien hizo esto posible. Las organizaciones no se conformaron con la firma de esta resolución, sino que siguieron luchando por un cierre completo de la cárcel.
La razón principal es que es un símbolo de criminalización y encarcelamiento de personas pobres y personas sin casa.
Quienes son acusados de delitos leves como cruzar la calle sin cuidado o conducta desordenada y no tienen los medios para pagar fianzas terminan encarcelados.
Personas que tienen problemas mentales han sido encarceladas, en vez de ofrecerles el apoyo necesario han sido criminalizadas por años. Nuevamente, gracias a la presión de la comunidad, de mujeres que habían sido encarceladas por ser pobres y no poder pagar la fianza y el colectivo el concilio decretó una resolución de cerrar la cárcel por completo: convertir el edificio en un centro de apoyo comunitario y de rehabilitación.
Ya hace más de un año y medio que esta resolución fue decretada y la cárcel aún sigue en funcionamiento.
De hecho, Keisha Lance Bottoms y el concilio de la ciudad están en conversaciones de aprobar $18 millones de dólares para mantener la cárcel en operación. 
Durante los últimos días a raíz del asesinato de George Floyd, miles se han manifestado por la brutalidad policiaca y hemos visto como la alcaldesa ha utilizado la guardia nacional y la policía de Atlanta para reprimir las protestas con fuerza militar y tanques de guerra.
Estableció un toque de queda (curfew), cosa que solo había escuchado en mi país durante la guerra civil, una práctica común de gobiernos autoritarios.
Afortunadamente, el toque de queda fue levantado el fin de semana anterior, pero el sistema represivo y de criminalización aún están en pie.
Es nuestro deber demandar que se haga justicia y no puede haberla cuando se criminaliza la organización comunitaria, cuando se atacan las libertades civiles y derechos humanos de los protestantes, cuando se quiere mantener un sistema que esta podrido desde adentro. 
QUE SE ELIMINE EL PRESUPUESTO PARA LA CÁRCEL 
Empecemos por algo, envía un mensaje a tu miembro del concilio y Keisha Lance Bottoms solicitando que se elimine el presupuesto para la cárcel, que cierren la cárcel de la ciudad de Atlanta y que inviertan en la comunidad no en encarcelamiento y criminalización.
Ingresa a este sitio de internet https://bit.ly/2XLeU2l firma la petición, copia el mensaje en inglés y envíalo tu miembro de el concilio de la Ciudad de Atlanta.
¡Dígale a Atlanta que mueva $ 18 millones de dólares de encarcelamiento a cuidado!
Amilcar Valencia es cofundador y Director Ejecutivo del Ministerio El Refugio que sirve a personas detenidas y en el centro de detención de Stewart y a sus familias. A través de su trabajo con El Refugio, junto con organizaciones locales y nacionales, trabaja para exponer y poner fin a la detención inhumana e innecesaria de inmigrantes.