Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos autorizó este miércoles 20 de agosto de 2025 al Gobierno del presidente Donald Trump poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 60.000 inmigrantes provenientes de Honduras, Nicaragua y Nepal. La decisión representa un nuevo triunfo para la Casa Blanca en su estrategia por eliminar este beneficio migratorio.

El fallo fue emitido por un panel del Noveno Circuito de Apelaciones en California, que suspendió la orden de un tribunal de distrito que había permitido a los inmigrantes continuar bajo la protección que les evitaba la deportación. La medida afecta a alrededor de 51.000 hondureños, casi 3.000 nicaragüenses y miles de nepaleses, muchos de los cuales han vivido legalmente en el país por más de una década, y en algunos casos más de 26 años.

De acuerdo con la resolución, los beneficiarios nepaleses perderán de inmediato su estatus legal y autorización de trabajo, mientras que los inmigrantes de Honduras y Nicaragua quedarán desprotegidos a partir del 8 de septiembre. El Departamento de Seguridad Interna (DHS) otorgó un plazo de 60 días antes de la terminación definitiva del amparo.

Los afectados habían demandado al DHS alegando que la decisión de poner fin al TPS respondía a “animosidad racial”. Sin embargo, la subsecretaria del organismo, Tricia McLaughlin, defendió la medida afirmando que busca “restaurar la integridad del sistema migratorio” y retornar al propósito original del programa. “El TPS nunca se concibió como un sistema de asilo de facto; así lo han usado gobiernos anteriores durante décadas”, enfatizó.

En contraste, organizaciones defensoras de migrantes criticaron duramente el fallo. Emi MacLean, abogada de la ACLU del Norte de California, lo calificó como parte “de una campaña coordinada” para despojar de estatus legal a los inmigrantes. Por su parte, Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Políticas de Inmigración de UCLA, advirtió que los demandantes “merecen algo mejor”.

Jessica Bansal, abogada de la Red Nacional de Jornaleros, señaló que la decisión impactará a decenas de miles de familias, incluidos más de 40.000 hijos ciudadanos estadounidenses de beneficiarios del TPS.

La Administración Trump ya había cancelado previamente el amparo a unos 350.000 venezolanos y al menos medio millón de haitianos.