Redacción Prensa Atlanta

10 de agosto, 2026

La Administración Trump ha reactivado la política de “carga pública” (public charge), ampliando significativamente su alcance. Esta norma puede afectar la aprobación de la residencia permanente (Green Card) de ciertos solicitantes que utilizan, o que las autoridades consideran que podrían utilizar en el futuro, determinados beneficios públicos, como Medicaid, asistencia para vivienda o el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

La nueva regla, cuya implementación está prevista para el 18 de septiembre, otorga mayor discreción a los funcionarios de inmigración para determinar si una persona podría convertirse en una “carga pública”.

Incluso antes de entrar en vigor, la medida ya estaría generando un denominado “efecto disuasorio” o chilling effect: algunas familias inmigrantes han comenzado a retirarse de programas esenciales de asistencia alimentaria y atención médica por temor a que recibir estos beneficios pueda perjudicar su situación migratoria.

Durante una reunión virtual organizada por American Community Media (AcOM; expertos analizaron la nueva regla de carga pública, quiénes podrían verse afectados y cuáles serían sus posibles consecuencias.
Los especialistas también abordaron el impacto sobre los niños y las familias de estatus migratorio mixto, así como la posible reducción en la participación de familias inmigrantes en programas como SNAP, destinado a brindar asistencia para la compra de alimentos.

BAJO EL ESCRUTINIO 

La nueva política de carga pública impulsada por la Administración Trump podría ampliar significativamente la discreción de los funcionarios de inmigración al momento de evaluar determinadas solicitudes de residencia permanente.
“Anteriormente, los funcionarios de inmigración seguían pautas más específicas para determinar si una persona podía convertirse en una carga pública. Ahora tendrán un margen mucho más amplio para tomar esa decisión”, explicó Xiao Wang, director ejecutivo (CEO) y cofundador de Boundless Immigration.
Según señaló, la evaluación no se limitaría únicamente a determinar si el solicitante ha recibido beneficios públicos, como asistencia médica, alimentaria o de vivienda. Las autoridades también podrían considerar la posibilidad de que esa persona llegue a depender de estos programas en el futuro.
“Esta norma todavía no ha entrado en vigor, pero el miedo que ya está generando entre las familias y su impacto en la salud pueden ser tan importantes como el número de solicitudes de residencia que finalmente resulten afectadas”, afirmó.
Wang recordó que durante la primera Administración Trump se produjo un fuerte efecto disuasorio entre las familias inmigrantes. Muchas dejaron de inscribir a sus hijos en programas de salud y alimentación por temor a consecuencias migratorias, incluso cuando los beneficios recibidos por los menores no necesariamente afectaban las solicitudes de residencia de sus padres.

La regla afecta principalmente a determinadas personas que solicitan la residencia permanente dentro de Estados Unidos mediante el proceso conocido como ajuste de estatus, así como a quienes realizan el trámite desde el extranjero. Gran parte de estos casos corresponde a procesos de reunificación familiar que involucran a cónyuges, padres e hijos de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes.

EXCEPCIONES PARA REFUGIADOS Y ASILADOS

Sin embargo, existen importantes excepciones. Entre las categorías que generalmente están exentas se encuentran refugiados y asilados; menores inmigrantes especiales que han sufrido abuso, abandono o negligencia; víctimas de trata de personas o de determinados delitos que califican para visas T o U; y personas protegidas bajo la Ley de Violencia contra la Mujer, conocida como VAWA.
La regla de carga pública tampoco se aplica al proceso de naturalización. Esto significa que una persona que ya posee la residencia permanente y solicita convertirse en ciudadano estadounidense no está sujeta a esta evaluación simplemente por haber recibido ciertos beneficios públicos.
Los expertos también señalaron que las solicitudes de residencia presentadas antes del 18 de septiembre continuarían siendo evaluadas bajo la normativa vigente, aunque la decisión final se produzca varios meses después.
Asimismo, los beneficios recibidos por otros integrantes de la familia, incluidos hijos ciudadanos estadounidenses, no se consideran automáticamente como beneficios recibidos por el solicitante.
A pesar de ello, el temor y la desinformación pueden provocar que algunas familias renuncien a programas de salud o alimentación para sus hijos aun cuando estos beneficios no afecten directamente el proceso migratorio de los padres.

IMPACTO EN MEDICAID Y CHIP 

Joan Alker, directora ejecutiva del Centro para Niños y Familias y profesora investigadora de la Escuela McCourt de Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown, advirtió que el temor generado por la regla de carga pública puede tener un fuerte efecto entre las familias con niños ciudadanos estadounidenses y padres inmigrantes.

“Esto afecta a uno de cada cuatro niños en Estados Unidos. Estamos hablando de que entre el 40% y el 50% de los menores en Estados Unidos obtienen su seguro médico a través de Medicaid o CHIP”, señaló.

Alker dijo que se han registrado importantes descensos en la inscripción de niños en Medicaid y CHIP y expresó preocupación por la posibilidad de que parte de esa disminución esté relacionada con familias de estatus migratorio mixto.
Según explicó, algunos padres temen inscribir a sus hijos en programas de salud debido al actual clima migratorio y a la preocupación de que determinada información pueda ser compartida entre agencias gubernamentales.
También señaló que existen litigios relacionados con el intercambio de datos de Medicaid y CHIP con las autoridades migratorias.

CRECE EL TEMOR ENTRE LAS FAMILIAS

La doctora Giridhar Mallya, especialista en salud pública y funcionario de políticas de la Fundación Robert Wood Johnson, advirtió que la nueva política podría agravar aún más la situación de las familias de estatus migratorio mixto, especialmente aquellas con hijos ciudadanos estadounidenses.
Según Mallya, otorgar un mayor margen de discrecionalidad a los funcionarios de inmigración podría generar más incertidumbre y provocar que algunas familias eviten utilizar programas públicos esenciales por temor a perjudicar su situación migratoria.
Durante la primera Administración Trump, señaló, la política de carga pública ya tuvo un impacto considerable en los niños pertenecientes a hogares con estatus migratorio mixto.

“Más de 700,000 niños de estas familias perdieron los beneficios de SNAP en un periodo de solo dos años”, afirmó. 

Mallya también mencionó otros cambios que afectan actualmente al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP.
Según las cifras citadas durante la presentación, la participación en este programa habría disminuido en aproximadamente 4.5 millones de personas durante los últimos nueve meses, incluyendo cerca de 1.5 millones de niños.

“Se trata de descensos enormes que no se veían desde la década de 1990, y eso sin que se hayan implementado aún todas las medidas previstas”, sostuvo.

BUSCAR ORIENTACIÓN LEGAL 

Wang recomendó que las personas que ya estén preparadas y sean elegibles para solicitar la residencia permanente consulten con un abogado de inmigración sobre la conveniencia de presentar su solicitud antes del 18 de septiembre, fecha prevista para la entrada en vigor de los nuevos criterios.
También aconsejó buscar orientación legal a través de organizaciones comunitarias sin fines de lucro o profesionales especializados en leyes migratorias.
El objetivo, explicó, es que las familias puedan entender claramente qué requisitos se aplican en cada caso, cuáles beneficios podrían ser considerados dentro de una evaluación de carga pública y cuáles pueden seguir utilizando sin perjudicar su proceso migratorio.
Los expertos coincidieron en que las familias no deberían abandonar automáticamente programas de salud, alimentación o asistencia para sus hijos por miedo a posibles consecuencias migratorias.
Antes de renunciar a cualquier beneficio, recomendaron obtener asesoría legal individualizada y verificar cómo las nuevas disposiciones podrían aplicarse a cada situación particular.

PANELISTAS INVITADOS 

Joan Alker
Directora Ejecutiva del Center for Children and Families y profesora investigadora de la McCourt School of Public Policy de la Universidad de Georgetown.

Dr. Giridhar Mallya
Médico especialista en salud pública y Senior Policy Officer de la Robert Wood Johnson Foundation.

Xiao Wang
Director Ejecutivo (CEO) y cofundador de Boundless Immigration.