FALLO DE LA CORTE SUPREMA SOBRE EL VOTO POSTAL: LA VICTORIA QUE INSPIRA A VOTAR CON CONFIANZA
REDACCIÓN PRENSA ATLANTA
El 14 de septiembre, la Corte Suprema rechazó la solicitud del gobierno de suspender una orden judicial preliminar que bloqueaba partes clave de una nueva norma del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) relacionada con las boletas electorales enviadas por correo. Con las elecciones en camino, decisión protege el derecho al voto de quienes opten por votar por correo hasta las elecciones del 3 de noviembre.
Una coalición multiétnica de organizaciones defensoras del derecho al voto y de los derechos civiles encabezó la batalla legal contra esta medida, que sus integrantes consideran un ataque directo al voto por correo y al proceso electoral. La impugnación culminó en una victoria para los votantes ante un tribunal federal.
La norma bloqueada habría puesto en riesgo el derecho al voto de millones de personas, entre ellas votantes con discapacidades, residentes de comunidades rurales, miembros de las Fuerzas Armadas y ciudadanos en el extranjero, estudiantes y votantes asiático-estadounidenses, quienes conforman la comunidad con la tasa más alta de participación mediante voto por correo.
# CORTE SUPREMA MANTIENE FRENADAS RESTRICCIONES AL VOTO POR CORREO
“LA CONFUSIÓN, EL PÁNICO Y EL MIEDO COMENZABAN A EXTENDERSE”
Niyati Shah, directora sénior de Litigios de Asian Americans Advancing Justice | AAJC, advirtió que la implementación de los nuevos requisitos habría afectado especialmente a los ciudadanos que dependen del voto por correo para ejercer su derecho al sufragio.
“De no haberse frenado, tanto la norma del USPS como la orden ejecutiva habrían restringido considerablemente el voto por correo y privado de su derecho al voto a los ciudadanos que dependen de esta modalidad”, dijo.
Shah indicó que entre los potencialmente más perjudicados se encontraban los votantes de edad avanzada, personas con discapacidad, residentes de zonas rurales, estudiantes universitarios que se encuentran lejos de sus hogares y quienes requieren asistencia lingüística.
“Mientras libramos esta batalla legal, éramos conscientes de que la confusión, el pánico y el miedo comenzaban a extenderse por muchas comunidades”.
Para la abogada, la decisión judicial representa una victoria particularmente relevante para quienes utilizan el voto por correo o voto en ausencia.
CAMBIOS A CONTRARRELOJ
A su turno, John Cusick, abogado adjunto del Legal Defense Fund (LDF), centró su intervención en las dificultades prácticas que habría generado la entrada en vigor de la norma a pocas semanas de las elecciones.
“La norma que promulgaron habría permitido al USPS negarse a entregar papeletas legítimas a votantes habilitados. Exigía a decenas de miles de jurisdicciones electorales que reestructuraron sus sistemas de voto por correo en cuestión de pocas semanas, utilizando un sistema federal que aún no funcionaba ni estaba implementado”.
El tiempo disponible para implementar los cambios, dijo, agravaba aún más las preocupaciones.
“Las preocupaciones se vieron agravadas por la brevedad de los plazos: la norma se anunció a menos de 70 días del día de las elecciones. Por ello, la palabra que se repetía constantemente al hablar con organizaciones comunitarias o con funcionarios electorales de condados y estados era ‘imposible’”.
Explicó que numerosas jurisdicciones ya habían diseñado, encargado e impreso los sobres destinados a las boletas por correo, por lo que introducir modificaciones requería rehacer procesos que ya se encontraban en marcha.
“Más allá de las preocupaciones logísticas, como la dificultad de organizar capacitaciones para explicar a los votantes elegibles cómo ejercer su derecho al voto cuando los propios funcionarios electorales expresaban dudas sobre la viabilidad del sistema, o cuando estados y condados declaraban que su implementación era imposible, la confusión era enorme”.
A juicio de Cusick, la consecuencia más preocupante era que votos legítimos pudieran quedar fuera del proceso electoral.
DEMANDA EN EL TRIBUNAL DE MASSACHUSETTS
Por su parte, Ethan Herenstein, abogado del Proyecto de Derechos al Voto de la American Civil Liberties Union (ACLU), explicó que el conflicto surgió luego de una orden ejecutiva que instruía al Servicio Postal a establecer nuevos requisitos nacionales relacionados con la preparación y el envío de las boletas electorales.
“Si una boleta no cumplía con estos nuevos requisitos, el USPS no la tramitaría”, dijo. Ante la medida, explicó, una coalición diversa de organizaciones cívicas presentó una demanda ante un tribunal federal de Massachusetts. Entre ellas figuraban la League of Women Voters, Association of American Residents Overseas, OCA–Asian Pacific American Advocates y Delta Sigma Theta Sorority.
“Planteamos dos argumentos fundamentales ante el tribunal. En primer lugar, sostuvimos que la Constitución otorga a los estados la responsabilidad principal de administrar las elecciones federales, sin perjuicio de la facultad del Congreso para modificar la legislación al respecto”.
“En segundo lugar, solicitamos al tribunal de distrito que impidiera al Servicio Postal implementar la orden ejecutiva ilegal del presidente”.La medida cautelar obtenida en el tribunal federal impidió la aplicación de los principales cambios mientras el litigio continuaba, protección que posteriormente permaneció vigente tras la intervención de la Corte Suprema.
EL IMPACTO SOBRE LOS VOTANTES
Justin Lam, abogado del programa de democracia del Brennan Center for Justice, se refirió a las consecuencias que los nuevos requisitos habrían tenido directamente sobre los electores.
“Sin la medida cautelar que la Corte Suprema mantuvo vigente, también se habría podido exigir a los estados que cargaran información personal de los votantes en un nuevo portal federal en línea que no había sido probado”.
Lam indicó además que existían dudas sobre el funcionamiento y la preparación tecnológica del sistema.
INFORMARSE CON ANTICIPACIÓN
Más allá de la disputa judicial, Lam pidió a los ciudadanos informarse con anticipación sobre las opciones disponibles para votar en sus respectivos estados.
“La conclusión fundamental para los votantes es que, en esta temporada electoral, pueden votar con confianza. Deben planificar cómo votar y, si pueden, hacerlo de forma anticipada”.
También recordó que la administración de las elecciones se encuentra regulada dentro de un marco constitucional y legal establecido.
Las organizaciones que participaron en el litigio señalaron que continuarán observando cualquier intento de modificar las reglas electorales y que acudirán nuevamente a los tribunales si consideran que se vulneran derechos de los votantes.
“Los votantes deben utilizar el método que mejor les convenga, ya sea entregando su boleta en persona en un buzón oficial, si esa opción está disponible, o enviándola por correo, y hacer todo lo posible por ejercer su derecho al voto”.
EL VOTO POR CORREO SIGUE EN PIE
La controversia dejó en evidencia que, en una elección, no todas las batallas se libran frente a las urnas. Algunas comienzan semanas antes, en tribunales donde se define qué reglas estarán vigentes cuando llegue el momento de votar.
Por ahora, quienes dependen del correo podrán continuar utilizando esta modalidad bajo las reglas existentes. Pero los abogados que participaron en el caso advirtieron que la disputa trasciende una sola elección: también plantea interrogantes sobre quién tiene autoridad para modificar los procedimientos electorales y hasta dónde pueden llegar esos cambios cuando millones de votos ya están en camino.
PANELISTAS INVITADOS
Directora sénior de Litigios de Asian Americans Advancing Justice | AAJC.
Abogado asistente del Legal Defense Fund (LDF).
Abogado del programa Democracia del Brennan Center for Justice.
Abogado del Voting Rights Project de la American Civil Liberties Union (ACLU).
