La cantante colombiana Shakira consiguió una importante victoria judicial luego de que la Audiencia Nacional determinara que no debía ser considerada residente fiscal en España durante el año 2011, anulando así las sanciones económicas que le habían sido impuestas por la Agencia Tributaria.

Con esta decisión, el Estado español deberá devolverle más de 60 millones de euros, cifra que incluye las cantidades pagadas y los intereses acumulados. Según fuentes judiciales, solo los intereses superarían los nueve millones de euros.

El fallo deja sin efecto un expediente que obligó a la artista a pagar cerca de 55 millones de euros entre impuestos reclamados y sanciones por supuestas irregularidades fiscales relacionadas con ese año.

Sin embargo, la resolución no modifica la condena penal que Shakira aceptó anteriormente por fraude fiscal correspondiente a los años 2012, 2013 y 2014. En ese proceso, la cantante reconoció los hechos para evitar un juicio y acordó el pago de una multa millonaria.

Tras conocerse la sentencia, la artista celebró públicamente la decisión judicial y aseguró que nunca cometió fraude. Además, criticó duramente el trato recibido durante años por parte de las autoridades fiscales españolas, afirmando que sufrió un fuerte daño reputacional y personal.

Por su parte, la Agencia Tributaria anunció que no comparte el criterio de la Audiencia Nacional y solicitará a la Abogacía del Estado presentar un recurso ante el Tribunal Supremo para intentar revertir la decisión.

El caso continúa generando gran repercusión internacional, no solo por las millonarias cifras involucradas, sino también por el debate sobre la actuación de las autoridades fiscales frente a figuras públicas de alto perfil.