La polémica detención del periodista Mario Guevara preocupa por la vulnerabilidad institucional del periodismo independiente
Por José Luis Castillo
Su caso presenta elementos de particular complejidad en la intersección entre derecho migratorio, libertad de prensa y debido proceso legal. Lleva más de un mes detenido.
En Atlanta, Georgia, hablar del periodista Mario Guevara es un tema que levanta todo tipo de pasiones. Es un personaje público en toda la extensión de la palabra. La gran mayoría lo ve como el defensor de los migrantes por su estilo único y quizás irreverente de mantener informado a sus cientos de miles de seguidores en las redes sociales acerca de las recientes redadas migratorias.
Otro porcentaje crítica la editorialización y juicios de valores de sus despachos en vivo y sus comentarios, en algunos casos, a favor del gobierno de turno.
“Dios le está poniendo una prueba”, o “es injusto lo que le está pasando”, “se le extraña porque ahora no hay nadie que nos informe de las redadas”.
En fin, Mario y su equipo informa, divulga, revela, expone y sí, suscita controversia, levanta polémicas y provoca reacciones intensas. Pero guste o no, las autoridades no lo están juzgando por polarizar posiciones o generar debate.
Primero lo acusaron de obstrucción y asamblea ilegal; luego, estando detenido, le interpusieron cargos por conducción temeraria, grabar con un teléfono celular mientras conducía y pasarse la luz roja de un semáforo. Todos esas imputaciones han sido desestimadas.
Conozco personalmente a Guevara. Lo vi por primera vez una mañana cualquiera de principios de 2004, en el ahora extinto Atlanta Latino, el medio digital e impreso del cual fui su cofundador y editor en jefe.
Mario había llegado hace poco de El Salvador y de entrada, de arranque, me encandiló con su corto historial como reportero gráfico del diario La Prensa Gráfica de su país y de los peligros que enfrentaba ante las incesantes amenazas hacia su persona y su joven familia.
Hoy, dos décadas más tarde, se encuentra sumergido en la peor crisis de su vida.
En el transcurso de los años, nos hemos visto esporádicamente en reuniones en Atlanta, lugar al que visito muy a menudo. De hecho, habíamos quedado en vernos a fines de junio, que coincidía con mi visita a familiares y amigos.
Captura del momento en que Mario Guevara es arrestado en Atlanta, Georgia, el 14 de junio de 2025. (Foto: captura Facebook de Mario Guevara)
“Mi meta es llegar a convertirnos en un medio de comunicación nacional. Me avisas cuando llegues a Atlanta”, es el último párrafo de los mensajes de texto que habíamos intercambiado el 11 de junio.
Tres días más tarde, fue detenido mientras ejercía labores de cobertura periodística durante una manifestación en contra de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), la agencia que lo mantiene retenido hasta el cierre de esta edición.
El 1 de julio, un juez de inmigración le otorgó la libertad bajo fianza. Sin embargo, ICE interpuso de manera inmediata una suspensión temporal (stay) y un recurso de apelación ante la decisión judicial, acciones que impidieron su excarcelación.
Los abogados de Guevara alegan que se incurrieron en omisiones procesales significativas al no notificar oportunamente sobre la interposición de la suspensión temporal. La defensa sostiene que ICE ejerció discrecionalidad administrativa para rechazar el pago de la fianza, a pesar de la orden judicial que la autorizaba. Además, han solicitado formalmente a la Junta de Apelaciones de Inmigración (Board of Immigration Appeals) la desestimación del recurso interpuesto por ICE y la autorización para proceder con la fianza.
Mario, aunque carece por ahora de estatus migratorio legal definitivo, posee autorización de trabajo en Estados Unidos y mantiene un proceso legal viable para obtener residencia permanente.
En estos días, sus representantes legales han hecho público alegatos de aparente colusión interinstitucional y de un incidente de extorsión por parte de otros reclusos.
La defensa plantea la hipótesis de una coordinación deliberada entre ICE y las autoridades del condado Gwinnett para prolongar indebidamente la detención de Guevara. Esta teoría se fundamenta en el traslado del detenido a una carceleta bajo cargos menores de tránsito que, como he mencionado antes, han sido desestimados.
Según sus abogados, bajo custodia en Gwinnett, las autoridades ejecutaron una orden judicial para incautar y examinar el dispositivo móvil de Guevara, acción que la defensa considera parte de un patrón coordinado de dilación procesal.
Por si fuera poco, y de acuerdo con lo expuesto por los abogados, un grupo de reclusos utilizaron dispositivos móviles no autorizados y tomaron fotografías del detenido a las que le enviaron a su esposa acompañadas de amenazas y demandas económicas. Guevara fue trasladado a otro centro de detención 36 horas más tarde.
El caso de Mario Guevara presenta elementos de particular complejidad en la intersección entre derecho migratorio, libertad de prensa y debido proceso legal.
Los señalamientos sobre coordinación interinstitucional para dilatar la detención, junto con los incidentes de seguridad durante la custodia, revelan deficiencias estructurales en la administración de justicia en procesos migratorios de cierto perfil mediático.
El caso Guevara constituye un precedente de particular relevancia y un paradigma de las vulnerabilidades sistémicas que enfrentan los comunicadores en el ejercicio de su función social.
Este conjunto de circunstancias debe ser analizado no como un caso aislado, sino como una manifestación de prácticas que pueden replicarse sistemáticamente contra profesionales del periodismo, particularmente aquellos que carecen de la protección institucional y los recursos legales que caracterizan a las grandes corporaciones mediáticas.
Las organizaciones de defensa de la libertad de prensa enfrentan un imperativo de redefinir sus estrategias de intervención más allá de la emisión de declaraciones públicas y comunicados de condena.
La experiencia del caso Guevara demuestra que los periodistas independientes y aquellos vinculados a medios de comunicación de recursos limitados requieren mecanismos de protección legal efectivos y sostenidos, que incluyan desde asistencia legal especializada hasta fondos de emergencia para enfrentar la imposición de fianzas.
La disparidad en el acceso a recursos de defensa legal entre periodistas de grandes consorcios mediáticos y comunicadores independientes crea una vulnerabilidad diferenciada que las instituciones gremiales deben abordar mediante programas de asistencia legal proactiva, no meramente reactiva.
Sin estructuras de protección efectivas y recursos de defensa adecuados, cualquier periodista de un medio independiente puede encontrarse en una situación similar, desprovisto de la capacidad institucional necesaria para enfrentar procesos legales complejos.
Mañana podrías ser tú o yo.
Esta columna de opinión fue publicada originalmente en www.laesquinatx.com
José Luis Castillo es fundador y director de La Esquina TX en Houston, Texas.
Fue confundador y editor en jefe (2000-2004) del otrora portal en internet y semanario Atlanta Latino.
