REDACCIÓN PRENSA ATLANTA

15 DE SEPTIEMBRE

Durante el último año, las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se han intensificado en las principales ciudades de Estados Unidos. Según las cifras presentadas, la administración Trump ha detenido a 590,000 inmigrantes, incluidos 50,000 tan solo en julio, una cifra récord.

La estrategia federal de control migratorio recurre cada vez más a sofisticadas tecnologías de vigilancia que recopilan y cruzan información pública y privada, monitorean las redes sociales y la actividad digital, y registran las placas de los vehículos para identificar y localizar tanto a individuos como a comunidades enteras.

Este cambio, de una estrategia basada en operativos de gran impacto y visibilidad a otra de vigilancia más discreta y difícil de detectar, está generando preocupación por la posible consolidación de un sistema de vigilancia masiva, del cual nadie —sea ciudadano estadounidense o inmigrante— estaría completamente exento.

¿Qué herramientas tecnológicas están utilizando las autoridades migratorias y cómo evolucionan? ¿Qué recursos legales, iniciativas legislativas y movimientos comunitarios están surgiendo para
proteger a los inmigrantes frente al uso invasivo de estas tecnologías de rastreo?

 CÁMARAS Y LECTORES DE PLACAS

Durante una conferencia organizada por American Community Media (ACoM) el 10 de septiembre de 2026, expertos en privacidad, abogados y activistas analizaron cómo las herramientas digitales, inicialmente promovidas como mecanismos de seguridad pública, pueden utilizarse también para identificar personas sujetas a procedimientos migratorios.

Entre las tecnologías examinadas figuran los lectores automáticos de placas vehiculares, las bases de datos gubernamentales y comerciales y los sistemas capaces de cruzar información sobre los
movimientos de vehículos.

MILLONES DE REGISTROS BAJO VIGILANCIA 

Uno de los principales focos del debate fue Flock Safety, empresa que comercializa cámaras capaces de identificar vehículos y registrar sus desplazamientos.

Según la información presentada durante el encuentro, existen más de 120,000 cámaras de esta compañía distribuidas en Estados Unidos, capaces de realizar aproximadamente 20,000 millones de registros mensuales.

Jonathan Paz, exempleado de Flock Safety y candidato al Congreso de Estados Unidos por el quinto distrito de Massachusetts, explicó que inicialmente creyó en el potencial de esas herramientas para encontrar personas desaparecidas y localizar vehículos robados.

Sin embargo, afirmó que su experiencia dentro de la empresa lo llevó a cuestionar sus prácticas y el alcance de la vigilancia.

Paz advirtió que la recopilación de datos puede extenderse mucho más allá de los objetivos de seguridad anunciados a las comunidades.

HUELLA DIGITAL DE CADA VEHÍCULO

*Brian Hofer, director ejecutivo de Secure Justice, explicó que los sistemas modernos no se limitan a fotografiar placas.

También pueden identificar características de los automóviles, establecer patrones de desplazamiento y relacionar vehículos que circulan juntos regularmente.

Según Hofer, Oakland, California, registró 638 millones de lecturas de matrículas durante el año anterior.

El especialista sostuvo que estas herramientas plantean interrogantes sobre quién puede acceder a la información y durante cuánto tiempo permanece almacenada.

También destacó la creciente oposición comunitaria a los sistemas de reconocimiento automático de placas.

De acuerdo con Secure Justice, al menos 184 contratos relacionados con estas tecnologías habían sido cancelados en distintas jurisdicciones desde agosto de 2026.

 EL TEMOR A QUE LOS DATOS SE UTILICEN CONTRA LAS FAMILIAS

A su turno, Kimberly Woo, organizadora comunitaria de Services, Immigrant Rights and Education Network (SIREN), compartió el impacto que las políticas migratorias y los mecanismos de vigilancia han tenido en su propia familia.

Relató que dos familiares que habían esperado más de dos décadas para obtener la residencia permanente fueron detenidos durante su entrevista migratoria final.

Uno terminó deportado y el otro decidió abandonar voluntariamente Estados Unidos para evitar una separación familiar.

Woo explicó que experiencias como esta generan temor entre personas que necesitan renovar documentos migratorios o solicitar beneficios para los cuales podrían ser elegibles.

La organización SIREN ha participado en acciones judiciales contra sistemas de vigilancia locales y en campañas que han conseguido la cancelación de contratos de cámaras en determinadas ciudades de California.

LA PRIVACIDAD COMO DERECHO FUNDAMENTAL

Abdi Soltani, director ejecutivo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles del Norte de California (ACLU), advirtió que la vigilancia de los desplazamientos cotidianos plantea importantes
desafíos constitucionales.

Soltani sostuvo que las personas deben poder circular libremente por sus comunidades sin que cada uno de sus movimientos quede registrado por el gobierno.
El especialista recordó que la Constitución de California reconoce expresamente el derecho a la privacidad y señaló la importancia de establecer controles sobre las tecnologías utilizadas por las autoridades.

LAS CIUDADES SANTUARIO Y EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

Lena Graber, abogada gerente sénior del Immigrant Legal Resource Center, explicó que las operaciones migratorias no dependen exclusivamente de las nuevas herramientas digitales.
Las autoridades federales continúan realizando detenciones en tribunales migratorios, lugares de trabajo y otras instalaciones, además de recibir personas transferidas por agencias policiales.

Sin embargo, advirtió que la combinación de información procedente de bases gubernamentales, intermediarios comerciales de datos y redes sociales puede ampliar la capacidad de las autoridades para identificar posibles objetivos migratorios.

UNA BATALLA QUE TAMBIÉN SE LIBRA EN LOS TRIBUNALES 

Mientras Flock Safety sostiene que las comunidades conservan el control de sus políticas de intercambio de información y que el acceso federal está deshabilitado de manera predeterminada, investigaciones periodísticas han documentado búsquedas de datos realizadas por agencias locales con referencias a operaciones migratorias.
El debate sobre estas herramientas trasciende la aplicación de las leyes de inmigración y plantea preguntas sobre la protección de la privacidad de toda la población.
Porque en una sociedad donde cada desplazamiento puede quedar registrado, **la preocupación ya no es solamente quién está siendo vigilado, sino quién controla esa información, cómo se utiliza y qué garantías existen para impedir que termine vulnerando los derechos de las personas.

PANELISTAS INVITADOS

– Jonathan Paz, candidato al Congreso de Estados Unidos por el quinto distrito de Massachusetts y exdenunciante de irregularidades (whistleblower) de la empresa Flock Safety.

– Brian Hofer, director ejecutivo de Secure Justice.

– Kimberly Woo, organizadora comunitaria de SIREN Immigrant Rights, organización defensora de los derechos de los inmigrantes.

– Lena Graber, abogada gerente sénior del Immigrant Legal Resource Center (Centro de Recursos Legales para Inmigrantes).

– Abdi Soltani, director ejecutivo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) del Norte de California.