WASHINGTON, EE.UU. – Un Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos autorizó la reanudación de las deportaciones aceleradas de inmigrantes indocumentados en todo el país, respaldando una política impulsada por el presidente Donald Trump que amplía este procedimiento más allá de la frontera sur.

La decisión fue adoptada por una mayoría de dos votos contra uno, al concluir que la aplicación de esta medida no vulnera los derechos de los inmigrantes sometidos al proceso de expulsión.

La política permite que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) deporte de manera expedita a personas que no puedan demostrar el tiempo de permanencia exigido por la normativa, sin necesidad de que comparezcan previamente ante un juez de inmigración.

Hasta ahora, este mecanismo se utilizaba principalmente con migrantes detenidos poco después de cruzar la frontera entre Estados Unidos y México. Con la orden presidencial, el procedimiento puede aplicarse también a personas arrestadas en cualquier parte del territorio estadounidense.

La resolución representa un respaldo a la estrategia migratoria de la Casa Blanca y revierte los efectos de una demanda presentada por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, que sostenían que la medida era inconstitucional y afectaba las garantías del debido proceso.

Durante el análisis del caso, la mayoría del tribunal consideró que la directriz gubernamental ofrece una oportunidad suficiente para que los afectados presenten su situación, mientras que el voto en contra advirtió sobre posibles errores en la aplicación de la política y mencionó casos de personas deportadas pese a haber permanecido más de dos años en el país.

Tras el fallo, los grupos que impulsaron la demanda informaron que evalúan nuevas acciones legales para intentar frenar la implementación de las deportaciones aceleradas, al considerar que el procedimiento puede generar expulsiones erróneas y limitar las garantías procesales de los inmigrantes.