La relación entre Washington y Bogotá atraviesa una de sus horas más críticas. Este lunes, el presidente colombiano Gustavo Petro confirmó que Estados Unidos decidió descertificar a Colombia como aliado estratégico en la lucha contra el narcotráfico, en un hecho que marca un quiebre en la historia de cooperación entre ambos países.

“Voy a anunciar hoy que Estados Unidos nos descertifica, después de decenas de muertes de policías, soldados y gente común que ha intentado impedir que llegue la cocaína”, declaró Petro durante un consejo de ministros televisado, dejando entrever el impacto humano detrás de la crisis.

Horas más tarde, el Departamento de Estado norteamericano ratificó la decisión. En un comunicado señaló que, bajo el liderazgo de Petro, el cultivo de coca y la producción de cocaína alcanzaron “niveles históricos”, razón por la cual Colombia fue retirada de la lista de países comprometidos en la lucha antidrogas y designada como “incumplidora manifiesta” de sus obligaciones internacionales.

El golpe no es menor: la descertificación amenaza con suspender la cooperación y la ayuda anual de unos 380 millones de dólares, que por décadas han financiado armamento, inteligencia y operaciones contra cárteles como el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y el ELN.

En respuesta, Petro advirtió un viraje en la doctrina militar del país: “Se acaba la dependencia del Ejército de Colombia y de sus Fuerzas Militares del armamento de los Estados Unidos. No más limosnas ni regalos… al Ejército le va mejor si compra o fabrica sus armas con nuestros recursos propios”.

La última vez que Colombia fue descertificada ocurrió en 1996, durante la presidencia de Ernesto Samper, en medio del escándalo del “Proceso 8.000” por la financiación del Cártel de Cali. Hoy, casi tres décadas después, el fantasma de esa ruptura vuelve a sacudir con fuerza la política regional.