California prohíbe a la policía y a agentes de ICE usar máscaras en servicio
- La nueva ley busca frenar lo que el gobernador Gavin Newsom calificó como “policía secreta” en las calles; el gobierno federal rechaza su aplicación.
California ha aprobado una de las medidas más controvertidas en materia de seguridad e inmigración de los últimos años. El gobernador demócrata Gavin Newsom firmó una ley que prohíbe a los agentes de policía locales y federales —incluidos los de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)— portar máscaras faciales mientras se encuentran de servicio. La norma entrará en vigor el 1 de enero de 2026.
El objetivo, según Newsom, es proteger a los residentes de lo que calificó como “policía secreta” patrullando las comunidades. “Los inmigrantes tienen derechos y tenemos el derecho de defenderlos”, declaró el mandatario estatal al promulgar la legislación, que forma parte de un paquete más amplio de medidas en defensa de las libertades civiles.
La iniciativa surge tras una serie de redadas migratorias en Los Ángeles, donde agentes federales utilizaron máscaras durante los operativos, provocando protestas violentas y un despliegue de más de 4,000 elementos de la Guardia Nacional y 700 marines ordenado por el presidente Donald Trump.
La ley contempla excepciones para agentes encubiertos, equipos de protección por enfermedades o incendios forestales y uso de máscaras tácticas en situaciones específicas. Además, obliga a los oficiales a identificarse por nombre y número de placa en todos los procedimientos.
El senador estatal Scott Wiener, autor de la propuesta, fue contundente: “Nadie quiere oficiales enmascarados rondando sus comunidades y secuestrando personas con impunidad. California seguirá defendiendo el estado de derecho y las libertades básicas”.
Desde el gobierno federal, la respuesta fue inmediata. El fiscal estadounidense Bill Essayli, designado por Trump, aseguró que “California no tiene jurisdicción sobre el gobierno federal” y que la ley “no afecta nuestras operaciones”, por lo que los agentes “continuarán protegiendo sus identidades”. Por su parte, Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, calificó la medida como “despreciable” y “un intento flagrante de poner en peligro a nuestros oficiales”.
La legislación también restringe el acceso de agentes federales a escuelas y hospitales sin orden judicial, protege información estudiantil y obliga a notificar a las familias si se realizan operativos migratorios en centros educativos.
El choque legal y político promete intensificarse, en un contexto en el que la Corte Suprema permitió recientemente que continúen las detenciones migratorias en Los Ángeles sin necesidad de sospecha razonable, una decisión que abre la puerta a cuestionamientos y detenciones basadas únicamente en raza, idioma o empleo.
