GOBIERNO DE HONDURAS REACCIONA A DETENCIÓN DE EXCÓNSUL EN ATLANTA Y ANUNCIA REVISIÓN ADMINISTRATIVA

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ATLANTA, GEORGIA.— El Gobierno de Honduras anunció que realizará verificaciones administrativas tras la detención de Ada Evila Serrano Núñez, excónsul general en Atlanta, acusada por las autoridades estadounidenses de participar en un esquema de sobornos y lavado de dinero vinculado al acceso a servicios consulares.

En su comunicado, la Cancillería precisó que Serrano asumió funciones en julio de 2022 y que su nombramiento fue cancelado el 24 de marzo de 2026, durante la transición administrativa. La institución señaló que los hechos investigados habrían ocurrido mientras ejercía el cargo. El comunicado no atribuye la cancelación de su nombramiento a estas acusaciones.

Según la Fiscalía Federal del Distrito Norte de Georgia, Serrano habría exigido pagos en efectivo por cada persona que una empresa de transporte llevaba al consulado para obtener citas. Esa compañía trasladaba a ciudadanos hondureños y los ayudaba a gestionar sus turnos para trámites oficiales. Los fiscales sostienen que la exfuncionaria recibió más de 375.000 dólares en presuntos sobornos durante el esquema.

La investigación también involucra a sus hijos, Luis Euceda Serrano y Angel Euceda Serrano, y al exempleado consular Mario Antonio Castellanos Velazquez. Según las autoridades, personal del consulado habría servido de intermediario para entregar el dinero a los hijos de Serrano, quienes presuntamente lo depositaban en cuentas personales en cantidades de entre 100 y 6.000 dólares.

Ante estos señalamientos, la Cancillería hondureña recordó que el acceso a las citas consulares oficiales no debe depender de pagos indebidos ni de intermediaciones irregulares. También anunció que revisará los antecedentes administrativos del caso para determinar qué actuaciones corresponden conforme a la legislación hondureña y expresó su disposición de colaborar con las autoridades competentes.

El caso tiene relevancia adicional porque, según el Departamento de Justicia, constituye el primer procesamiento bajo la Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera, conocida como FEPA, que permite perseguir a funcionarios extranjeros que exijan o acepten sobornos dentro de Estados Unidos o de empresas estadounidenses. Serrano enfrenta cargos por exigir sobornos, conspirar para exigirlos y conspirar para lavar dinero.

El FBI está a cargo de la investigación. Las acusaciones deberán probarse ante un tribunal y todos los procesados mantienen la presunción de inocencia.

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