Por Martín Díaz-Gonzáles

 Muchos se preguntan cómo es posible que el presidente electo Donald Trump esté impulsando leyes y decretos como si ya estuviera en funciones, y por qué tantos dignatarios de otros países se apresuran a reunirse con él incluso antes de que asuma el cargo. Quizá esto sea parte de su retórica y estrategia para “devolver a este país al camino del desarrollo” y evitar que, según su narrativa, se descarrile hacia un futuro insostenible.

 Sin embargo, lo que más preocupa a los migrantes en este país son las propuestas de ley que Trump está planteando para frenar la inmigración ilegal y limitar el llamado “efecto llamada”. Una de las medidas más polémicas es la idea de prohibir la nacionalización automática de bebés nacidos en Estados Unidos cuyos padres hayan ingresado al país de manera ilegal o temporal. Esta propuesta es extrema y poco realista, ya que contradice el principio de ciudadanía por derecho de nacimiento, establecido en la 14ª Enmienda de la Constitución y vigente desde hace más de 100 años.

 Modificar dicha enmienda sería extremadamente difícil, ya que requeriría el apoyo de una mayoría significativa del Congreso. En concreto, necesitaría el respaldo de al menos el 25% de los demócratas, quienes ya han expresado su rechazo, además del apoyo unánime de los republicanos, quienes tampoco están completamente alineados con las propuestas de Trump. No obstante, si esta idea llegara a implementarse mediante una orden ejecutiva, podría tener un efecto disuasorio en los posibles migrantes, quienes, al percibir mayores riesgos de deportación y restricciones para sus hijos, podrían reconsiderar su decisión de emigrar.

 Es importante recordar que muchos de nosotros valoramos este país porque ofrece oportunidades que nuestros países de origen no pueden garantizar. Estas condiciones no son casuales; fueron diseñadas hace siglos por los padres fundadores a través de políticas de Estado sólidas que permitieron a Estados Unidos crecer y mantenerse como una potencia. Los migrantes no llegan aquí solo por vínculos familiares, sino principalmente porque este país ofrece estabilidad económica, política y social, algo que, en general, nuestros países de origen no logran garantizar.

 Dicho esto, es innegable que Estados Unidos ha recibido durante décadas una gran cantidad de migrantes, tanto legales como ilegales, lo que ha moldeado su identidad como nación. Sin embargo, en los últimos años, la inmigración ilegal se ha convertido en un factor de desestabilización social, contribuyendo al aumento de la delincuencia y la violencia en muchas ciudades importantes. Esto no solo afecta a los ciudadanos estadounidenses, sino también a los migrantes establecidos, quienes enfrentan mayor desconfianza y limitaciones en su propio desarrollo.

 El progreso sostenible solo es posible en una sociedad equilibrada y segura. La seguridad es un pilar fundamental que fomenta la inversión y el crecimiento económico. Cuando la cohesión social se debilita, también lo hace la economía, y en los tiempos actuales, no hay margen para asumir esos riesgos. Así es como parece entenderlo el presidente Trump al promover estas medidas.