Estos esfuerzos, junto con nuevas propuestas legislativas en Washington, podrían tener un impacto desproporcionado en los votantes latinos.

POR PRENSA ATLANTA

A medida que se acercan las elecciones de mitad de período de 2026, el Departamento de Justicia ha exigido que casi todos los estados y Washington, DC, entreguen registros relacionados con las elecciones, incluidos los listados completos de votantes registrados a nivel estatal y, en algunos casos, boletas de elecciones anteriores o acceso al equipo de votación.

• El gobierno federal ha demandado a más de 20 estados y Washington, DC, por negarse a cumplir, lo que genera preocupaciones sobre la extralimitación federal en el papel constitucional de los estados de administrar las elecciones.

Las solicitudes implican información personal altamente sensible y han suscitado serias preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad. Al mismo tiempo, el Congreso está avanzando en una legislación electoral que reforzaría los requisitos de identificación de votantes, exigiría purgas en los registros de votantes y restringiría el voto por correo.

Durante la videoconferencia “Factores inesperados que podrían alterar las elecciones de medio mandato: Las exigencias federales de datos de votantes, las leyes para limitar el acceso al voto y los desafíos al control estatal de las elecciones”, organizada por la organización American Community Media, tres especialistas analizaron los posibles impactos en el proceso electoral y la respuesta de los estados y los tribunales.

INTENTAN RECOPILAR REGISTROS DE VOTANTES

Justin Levitt, profesor de la Facultad de Derecho de Loyola (LMU), exasesor principal de la Casa Blanca para la Democracia y los Derechos Electorales y exfuncionario de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, señaló que el expresidente no tiene autoridad directa sobre el manejo de las elecciones.

“Lo más fácil que están haciendo los funcionarios estatales y locales a cargo es simplemente ignorarlo, o cuando no lo ignoran, decirle que no están de acuerdo, y son ellos quienes controlan las elecciones estadounidenses”.

Levitt explicó que, por ejemplo, el gobierno de Donald Trump ha intentado recopilar registros de votantes de distintos estados del país.

“No está autorizado para hacerlo, pero los estados se están defendiendo y están ganando. Ha emitido una orden ejecutiva, pero los funcionarios federales no tienen por qué obedecer”.
También mencionó que se ha hablado de la posibilidad de nacionalizar las elecciones o incluso cancelarlas, algo que —según explicó— no depende del presidente.

Asimismo, indicó que algunas propuestas legislativas en el Congreso buscan restringir distintos aspectos del proceso electoral, desde el registro de votantes hasta el acceso a los centros de votación.

“Muchas de ellas se basan en la infundada alarma sobre un fraude que simplemente no existe como pretexto para restringir el acceso. Son peligrosas si se aprueban, pero hay suficiente resistencia”.

Levitt añadió que la redistribución de distritos a mitad de la década podría generar preocupación en algunas regiones, aunque en otras podría representar oportunidades.

“Todos los indicios apuntan a una participación electoral realmente extraordinaria este otoño, lo que explica en parte la intensa campaña de marketing de la Casa Blanca, cada vez más nerviosa, porque la mayoría de los votantes no parecen dirigirse en la dirección que el presidente preferiría”.

RESPUESTA LEGAL Y RESISTENCIA DE LOS ESTADOS

Danielle Lang, vicepresidenta de derechos electorales y estado de derecho del Campaign Legal Center, profesora adjunta de derecho y abogada especializada en derechos electorales en Estados Unidos, explicó que en marzo del año pasado el presidente Trump emitió una amplia orden ejecutiva que buscaba intervenir en varios aspectos de las elecciones federales.

Según detalló, la orden pretendía influir en agencias federales relacionadas con los procesos electorales y presionar a los estados para modificar sus sistemas.

“Nada ha resultado de esa orden ejecutiva debido a las órdenes judiciales y a la resistencia de los estados”.

Lang, quien representa a la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), a la iniciativa SECURe Families —un grupo de familias militares— y a la asociación de estudiantes de Arizona, explicó que su organización fue una de las primeras en presentar una demanda contra esta medida.

“Rápidamente obtuvimos una medida cautelar preliminar sobre la amenaza más inmediata, que era su orden de que la Comisión de Asistencia Electoral cambiara los requisitos para el registro de votantes en el formulario federal de registro de votantes”.

Explicó que uno de los aspectos clave de ese formulario es que facilita que organizaciones que trabajan con comunidades que no hablan inglés puedan distribuirlo en diferentes idiomas y hacerlo llegar a votantes en todo el país.

“La medida cautelar fue una victoria importante, no solo porque impidió que se implementara una medida perjudicial, sino también por el contundente mensaje de la jueza del tribunal de distrito, quien escribió una opinión de unas 100 páginas en la que afirmó de la manera más enérgica, directa y fundamentada posible que el presidente no tiene poder constitucional sobre las elecciones”.

PREOCUPACIÓN POR EL IMPACTO EN LOS VOTANTES LATINOS

Andrea Senteno, asesora legal regional de MALDEF en Washington D.C., advirtió que recientes propuestas para nacionalizar las elecciones y exigir prueba de ciudadanía para registrarse o votar, así como los llamados a desplegar fuerzas policiales en los centros de votación, afectan particularmente a los votantes latinos y a otras comunidades de color.

“La recién introducida ley SAVE AMERICA y la ley Make Elections Great Again, que se someterá a una audiencia la próxima semana, exigirían prueba de ciudadanía para registrarse o incluso para votar.

“Esto tiene un efecto perjudicial desproporcionado en el electorado latino. Si se promulgan, dificultarían mucho el registro y el voto, y, crean confusión, miedo y desconfianza intencionalmente, lo que en última instancia disuade a los votantes elegibles de participar en las elecciones”.

Senteno agregó que estas propuestas legislativas se sustentan en desinformación y narrativas falsas sobre la seguridad electoral.

“En última instancia, lo que también hacen es crear un riesgo muy real de acoso e intimidación a ciudadanos estadounidenses que no tienen el aspecto de un ciudadano estadounidense o de un votante elegible, simplemente por su raza, su origen étnico o el hecho de que no dominen el inglés”.

También señaló que este panorama genera preocupación debido al aumento de la aplicación de leyes migratorias en diversas comunidades del país.

“Estos llamamientos que hemos visto en el debate público, para que el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) esté presente en los centros de votación o cerca de ellos, probablemente disuaden a los votantes elegibles de ejercer su derecho al voto”.

ALERTAN SOBRE AMENAZAS AL DERECHO AL VOTO

John C. Yang, presidente y director ejecutivo de Asian Americans Advancing Justice (AAJC), señaló que diversas encuestas muestran un fuerte respaldo de la población a facilitar el acceso al voto.
“A menos que alguien pueda demostrar que el beneficio de una restricción supera con creces la carga, el asunto está zanjado”.

No obstante, advirtió que el derecho al voto enfrenta presiones que se relacionan con lo que se conoce como el mito del “extranjero perpetuo”.

“No importa cuánto tiempo llevemos en este país, se nos percibe como forasteros, extraños, no como verdaderos estadounidenses. La realidad es que cada vez más comunidades marginadas se han vuelto políticamente visibles y viables en jurisdicciones de todo el país, no solo en las grandes ciudades, sino también en las zonas rurales”.

PARTICIPARON COMO PANELISTAS:

Justin Levitt, profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de Loyola (LMU), exasesor principal de la Casa Blanca para Democracia y Derechos Electorales y exfuncionario de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.

Danielle Lang, vicepresidenta de Derechos Electorales y Estado de Derecho del Campaign Legal Center, profesora adjunta de Derecho y destacada litigante en Estados Unidos en materia de derechos electorales.

John C. Yang, presidente y director ejecutivo de Asian Americans Advancing Justice (AAJC).

Andrea Senteno, asesora legal regional en Washington D.C. del Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF).

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