Associated Press

El cambio se aplicará a los nuevos solicitantes del Seguro Social y a los beneficiarios actuales que deseen modificar su información de depósito directo

En un esfuerzo por limitar las reclamaciones fraudulentas, la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) impondrá medidas más estrictas para la verificación de identidad, lo que obligará a millones de beneficiarios y solicitantes a acudir a las oficinas locales de la agencia en lugar de interactuar por teléfono.

A partir del 31 de marzo, las personas ya no podrán verificar su identidad ante la SSA por teléfono. Aquellos que no puedan hacerlo a través del servicio en línea “my Social Security” deberán acudir en persona a una oficina de la agencia para completar el proceso de verificación, informaron los directivos de la SSA a periodistas el martes.

El cambio se aplicará a los nuevos solicitantes del Seguro Social y a los beneficiarios actuales que deseen modificar su información de depósito directo.

Defensores de los jubilados advierten que esta medida afectará negativamente a los estadounidenses mayores en zonas rurales, incluidas personas con discapacidades, movilidad reducida o acceso limitado a internet, así como a quienes viven lejos de las oficinas de la SSA.

La medida también coincide con el plan de la agencia de cerrar decenas de oficinas del Seguro Social en todo el país y despedir a miles de trabajadores.

Además del cambio en la verificación de identidad, la SSA anunció que agilizará el procesamiento de solicitudes para cambios en el depósito directo, tanto en persona como en línea, reduciendo el tiempo de espera a un día hábil. Anteriormente, los cambios en línea se retenían durante 30 días.

“La Administración del Seguro Social pierde más de 100 millones de dólares al año debido al fraude en los depósitos directos”, dijo Leland Dudek, comisionado interino de la agencia, en una llamada con periodistas el martes por la noche, su primera conferencia con los medios. “El Seguro Social puede proteger mejor a los estadounidenses y, al mismo tiempo, agilizar el servicio”.

Señaló que uno de los problemas para eliminar las reclamaciones fraudulentas es que “la información que utilizamos para la autenticación basada en el conocimiento ya es de dominio público”.

“Esta es una medida de sentido común”, añadió Dudek.

Más de 72,5 millones de personas, incluidos jubilados y niños, reciben beneficios de jubilación e incapacidad a través de la Administración del Seguro Social.

El congresista John Larson, demócrata de Connecticut y miembro principal del Subcomité de Seguridad Social del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, dijo en un comunicado que “al obligar a los jubilados y personas con discapacidades a inscribirse en línea o en persona en las mismas oficinas que están tratando de cerrar, en lugar de hacerlo por teléfono, Trump y Musk están tratando de crear caos e ineficiencias en la SSA para luego privatizar el sistema”.

El sitio web del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) indica que los contratos de arrendamiento de 47 oficinas del Seguro Social en todo el país, incluidas algunas en Arkansas, Texas, Luisiana, Florida, Kentucky y Carolina del Norte, han sido o serán cancelados. Sin embargo, Dudek minimizó el impacto del cierre de estas oficinas, señalando que muchas eran pequeñas sedes remotas que atendían a pocos ciudadanos.

Muchos estadounidenses han expresado su preocupación de que los cierres de oficinas y los despidos masivos de empleados federales —parte de los esfuerzos del presidente Donald Trump y del Departamento de Eficiencia Gubernamental dirigido por Elon Musk para reducir el tamaño del gobierno federal— dificulten aún más el acceso a los beneficios.

Musk ha promovido teorías desacreditadas sobre el Seguro Social, describiendo los programas de beneficios federales como plagados de fraude y llamándolos un “esquema Ponzi”, sugiriendo que el programa será uno de sus principales objetivos en su cruzada por reducir el gasto gubernamental.

Ciudadanos de todo el país han inundado los ayuntamientos con preguntas dirigidas a legisladores republicanos sobre los recortes de la administración Trump, incluidos los planes para el programa de beneficios de vejez.

Además, un grupo de sindicatos presentó la semana pasada una demanda ante un tribunal federal para solicitar una orden de emergencia que impida que el DOGE acceda a los datos sensibles del Seguro Social de millones de estadounidenses.