La Corte Suprema de Estados Unidos ha rechazado la demanda de Texas que pedía su intervención para que invalidara 10 millones de votos en cuatro estados: Georgia, Michigan, Wisconsin y Pennsylvania, cuyos votos en el Colegio Electoral fueron decisivos para la victoria del presidente electo, el demócrata Joe Biden.

La Corte Suprema de Estados Unidos ha rechazado la demanda de Texas que pedía su intervención para que invalidara 10 millones de votos por correo en cuatro estados: Georgia, Michigan, Wisconsin y Pennsylvania, cuyos votos en el Colegio Electoral fueron decisivos para la victoria del presidente electo, el demócrata Joe Biden.
“La demanda de Texas es rechazada con base en el artículo III de la Constitución”, indica el fallo. El artículo tercero define las competencias e independencia del Poder Judicial de Estados Unidos.

De acuerdo con el texto, la petición del fiscal texano Ken Paxton “no demuestra competencia judicial para indicar la manera en que otros estados organizan sus elecciones”.

El documento difundido por la Corte Suprema de Estados Unidos incluye la declaración del juez Samuel Alito, al que se une Clarence Thomas. “No tenemos competencia para negar una demanda que no pertenece a nuestra jurisdicción original. La Corte no aceptará ningún otro recurso”.

Esta última frase, en opinión de Steve Vladeck, Presidente Charles Alan Wright en Tribunales Federales en la Facultad de Derecha de la Universidad de Texas, significa que la Corte Suprema ha querido enfatizar que la demanda de Paxton no solo no tiene sustento, sino que la ha escuchado pero no aceptará recursos similares, como la demanda presentada en contra de la Corte Suprema de Pennsylvania esta misma semana.

“Los jueces Alito y Thomas han sido consistentes sobre este detalle legal, la Corte Suprema puede escuchar disputas entre los estados, pero lo más importante es que han enfatizado que no aceptarán más”, explicó.

El fiscal texano, Ken Paxton, calificó de “desafortunada” la decisión de la Corte Suprema. “Seguiré defendiendo sin descanso la integridad y seguridad de nuestras elecciones para perseguir a aquellos que quieran ajustar sus leyes electorales a su conveniencia”.

El fallo, y esta última frase, supone un fuerte golpe a las aspiraciones de Donald Trump de que la Corte Suprema revirtiera el resultado de la elección de Estados Unidos celebrada el pasado 3 de noviembre y que dio por ganador al presidente electo Joe Biden. Trump se ha negado a reconocer el resultado y se dice víctima de un “fraude” del que no ha presentado prueba alguna.

El presidente electo, el demócrata Joe Biden, derrotó a Trump con un 51.4% de los votos frente a un 46.9% obtenidos por el actual ocupante de la Casa Blanca. Es la mayor diferencia en unas elecciones presidenciales desde 2008, cuando Barack Obama venció al senador republicano John McCain por un 52.7% frente al 45.7% que apoyó al entonces senador por Arizona, fallecido en 2018.

La distancia entre el presidente electo y Trump es de casi siete millones de votos, lo que en el Colegio Electoral se traduce como una victoria de 306 sobre 232. Los resultados han sido certificados por las autoridades de los 50 estados y el distrito de Columbia, tal y como lo indica la ley. Los recursos legales en contra de la decisión de los electores han sido rechazados por más de una treintena de tribunales por falta de evidencias.

Una demanda sin precedentes recientes
La demanda presentada por Texas ante la Corte Suprema, que buscaba invalidar más de 10 millones de voto por correo, había causado una división entre las autoridades estatales sin precedentes en la historia reciente del país.

La decisión del fiscal texano, Ken Paxton, de exigir a la Corte Suprema que invalide 10 millones de votos por correo emitidos y certificados por los estados de Georgia, Michigan, Wisconsin y Pennsylvania ha marcado un parteaguas en un país llamado Estados Unidos. Como su nombre lo indica, la piedra angular de la nación es la autonomía de cada estado para decidir sobre sus leyes. Paxton, actualmente, es investigado por el FBI por soborno y corrupción y enfrenta una demanda por fraude de 2016, que aún no ha sido resuelta.

Diecisiete estados, todos gobernados por el Partido Republicano, habían manifestado su apoyo a la demanda de Texas a través de la figura legal amici curiae (testimonio no solicitado de un tercero), y seis – Missouri, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Carolina del Sur (South Carolina) y Utah – habían anunciado que se presentarían como demandantes, aunque esto no llegó a materializarse de acuerdo con la página web de la Corte Suprema que recoge los recursos sobre la demanda de Texas.

Los otros 10 estados son Alabama, Dakota del Norte (North Dakota), Dakota del Sur ( South Dakota), Florida, Indiana, Kansas, Montana, Nebraska, Oklahoma, Tennessee y West Virginia.

Después de que los estados republicanos se manifestaran sobre la demanda, el Distrito de Columbia y 22 estados y territorios presentaron otro amici curiae donde expresaban su rechazo a la demanda de Texas, que en la práctica significaba que el fiscal de un estado habría podido influir sobre las leyes electorales de otros, en contra de lo que marca la Constitución, como menciona el fallo de la Corte Suprema.

(Con información de Univisión).