8 DE DICIEMBRE

Desde que la administración Trump, asumió el Gobierno de los Estados Unidos, ha atacado incluso a inmigrantes legales con protecciones reconocidas, clasificándolos como “indocumentados”.
Esta estrategia se intensificó después de que un refugiado afgano, exmiembro de una unidad de élite afgana entrenada por la CIA, disparara contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, D.C., un incidente que la administración utilizó para culpar a los refugiados, restringir las visas para 19 países y congelar las solicitudes de inmigración de afganos.

Al mismo tiempo, mientras Estados Unidos se acerca a un conflicto con Venezuela, está eliminando las vías legales y las protecciones para los venezolanos y otras comunidades.
El resultado es una cancelación masiva sin precedentes del estatus migratorio de personas que cumplieron con todas las normas, creando un camino que lleva de la legalidad a la ilegalidad y que podría afectar a más de dos millones de personas, transformando radicalmente el significado de la inmigración legal.

Entre los grupos afectados se encuentran los beneficiarios de DACA, los titulares de TPS de varios países y las personas con permiso humanitario, que beneficia a cubanos, venezolanos, ucranianos y muchos otros.

POR REDACCIÓN PRENSA ATLANTA

La administración Trump y la deslegalización masiva de inmigrantes legales en Estados Unidos Desde que asumió el cargo, la administración Trump ha impulsado una cancelación masiva e inédita del estatus migratorio de personas que han cumplido con todas las normas legales. Esta medida podría afectar a más de dos millones de personas y transformar radicalmente lo que significa estar legalmente en el país.

Durante la videoconferencia “De la legalidad a la ilegalidad: Cómo la administración Trump reclasifica a los inmigrantes legales como ‘no autorizados’” , organizada por American Community Media (ACoM), expertos en inmigración analizaron el impacto de estas políticas.

REDEFINIENDO LA LEGALIDAD

Hiroshi Motomura, codirector del Center for Immigration Law and Policy de la UCLA, explicó que la ley estadounidense contempla diversos estatus migratorios legales: desde la ciudadanía y la residencia permanente, hasta permisos intermedios como el TPS, los permisos condicionales (parole) y la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

• “Existe, por supuesto, la ciudadanía, la residencia permanente legal, pero también muchos estatus legales que a veces se consideran intermedios e incluyen permisos de trabajo”.

Motomura destacó que la administración ha anunciado la revisión, y posible revocación, de la residencia permanente en casos de asilo y refugiados. Incluso se busca redefinir lo que significa ser ciudadano estadounidense, lo que podría implicar la desnaturalización de personas que actualmente cuentan con la ciudadanía.

En relación con la suspensión de todos los procesos de inmigración para 19 países, incluido Venezuela, Motomura señaló que aunque la administración argumenta motivos de seguridad nacional, las medidas tienen un claro componente de discriminación religiosa y racial, que probablemente será impugnado en tribunales.

El efecto de estas políticas va más allá de lo legal: muchas personas con estatus legal sienten miedo de viajar, solicitar la ciudadanía o expresarse públicamente. La intención de la administración parece ser generar una sensación de indefensión y vulnerabilidad entre los inmigrantes legales.

PERMISOS HUMANITARIOS EN RIESGO

Laura Flores-Perilla, abogada del Justice Action Center, explicó que los permisos condicionales han sido utilizados durante siete décadas por administraciones de ambos partidos para ofrecer vías legales y seguras a quienes huyen de crisis humanitarias, permitiéndoles trabajar en el país.

Entre estos programas se encuentran los dirigidos a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, así como iniciativas recientes como “Unidos por Ucrania” o “Aliados bienvenidos”.
Flores-Perilla subrayó que en el segundo día del segundo mandato de Trump, se anunció la intención de eliminar los permisos condicionales humanitarios, incluidos los programas CHNV. Esto forma parte de una campaña de deslegalización masiva que busca hacer a los inmigrantes legales más vulnerables a la deportación. Actualmente, se enfrenta a demandas colectivas, como Svitlana Doe contra Noem, en la que se protege a beneficiarios de libertad condicional cuya elegibilidad ha sido revocada injustamente.

EL IMPACTO EN LA COMUNIDAD VENEZOLANA

La activista venezolana Adelys Ferro relató el miedo y agotamiento que viven las familias venezolanas en Estados Unidos. Muchas han seguido todas las reglas: se registran para el TPS, solicitan permisos de trabajo, pagan impuestos y contribuyen a la comunidad. Sin embargo, las decisiones recientes podrían dejar a 600,000 personas sin protección legal de un día para otro.

Ferro describió el TPS como un “estatus permanente temporal” , donde cada decisión judicial o anuncio puede cambiar la vida de las personas en un instante. Las familias sienten que están siendo utilizadas como moneda de cambio político y perciben una profunda injusticia: “En 2025, un día fuimos bienvenidos; al siguiente, somos desechables”.

ESCASEZ DE JUECES Y EL SISTEMA JUDICIAL

Jeremiah Johnson, exjuez de inmigración en San Francisco y vicepresidente de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, advirtió que la reducción de jueces ha debilitado el sistema judicial. Antes, los tribunales podían revisar los casos de inmigrantes legales cuya residencia o estatus estaba en riesgo, pero ahora los procedimientos de deportación acelerada se imponen sin revisión adecuada. Johnson indicó que alrededor de 100 jueces han sido despedidos, jubilados o aceptado planes de retiro, y solo 25 han sido reemplazados. Las salas de los tribunales
permanecen vacías, dificultando aún más el acceso a la justicia.

HISTORIAS PERSONALES: VIVIR EN UN ESTADO LIMINAL

Andrea, una dreamer que llegó a Estados Unidos a los cinco años, relató cómo la cancelación de DACA la dejó en un “estado liminal”: ni completamente protegida, ni totalmente expuesta. A pesar de haber cumplido con todos los requisitos, su solicitud quedó en espera por años. Andrea se graduó de la universidad y actualmente realiza una maestría, pero aún no puede definir su futuro con certeza.

“Como la mayoría de los soñadores, estoy tratando de averiguar qué hacer a continuación. Es un estado en el que no estás ni aquí ni allá” , dijo. Su historia refleja la incertidumbre y vulnerabilidad que enfrentan miles de inmigrantes legales en Estados Unidos bajo estas políticas.

PANELISTAS

Hiroshi Motomura

– Codirector del UCLA Center for Immigration Law and Policy. Experto en leyes y políticas migratorias.

Adelys Ferro

– Activista venezolana-estadounidense del Venezuelan American Caucus.

Esther Sung– Directora legal del Justice Action Center, especializada en derechos legales y justicia social.

Jeremiah Johnson

– Exjuez de inmigración en San Francisco y vicepresidente de la National Association of Immigration Judges.

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