En manos del Tribunal Supremo federal el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario para Puerto Rico

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El gobierno de Estados Unidos apeló para que se revoque la decisión que declaró inconstitucional la exclusión de los residentes de la isla de ese programa

La posibilidad de que el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) incluya a los residentes de Puerto Rico está ahora en manos del Tribunal Supremo de Estados Unidos.

El gobierno federal apeló ayer, viernes, al máximo foro judicial de Estados Unidos las decisiones que declararon inconstitucional la exclusión de ese programa a un residente de la isla de nombre José Luis Vaello Madero.

El fallo original fue emitido por el juez Gustavo Gelpí el 19 de febrero y luego fue sostenido en abril pasado por un panel de jueces del Primer Circuito de Apelaciones de Boston.

Aunque esa decisión aplicaba solamente para Vaello Madero, el resultado podría abrir la puerta para que residentes de Puerto Rico inicien reclamaciones legales para recibir el SSI.

El SSI paga un promedio de $575 mensuales a personas sobre con más de 65 años de edad, a ciegos o con otras discapacidades que no tienen los recursos para mantenerse por sí mismos, según la apelación del gobierno federal.

Añade que, de aprobarse para Puerto Rico, 300,000 residentes de la Isla serían elegibles para recibir el SSI.

El Circuito de Apelaciones de Boston mantuvo el fallo de Gelpí al determinar que bajo el derecho a la igual protección de la leyes y ante la ausencia de un fundamento racional, es inconstitucional excluir a los residentes de Puerto Rico del SSI

A unos días de la fecha límite para apelar, el procurador general federal en funciones, Jeffrey Wall, sometió al Supremo federal una petición de certiorari.

Al pedir que se revoque la decisión en el caso de Vaello Madero, el Procurador de Estados Unidos recordó varios casos de décadas anteriores en los que el Tribunal Supremo de Estados Unidos mantuvo la exclusión de Puerto Rico de ese tipo de programa de asistencia federal.

En ese sentido, recalcó que los residentes de Puerto Rico no aportan al fisco de Estados Unidos con impuestos federales sobre sus ingresos.

El Procurador también volvió a justificar el hecho de que un territorio estadounidense, como Puerto Rico, no tenga el beneficio, al tiempo que otro territorio – las Islas Marianas del Norte – sí esté en el programa, pues “nada en la Constitución prohíbe al Congreso de acordar un trato distinto”.

Señaló que el SSI fue incluido en un acuerdo con las Islas Marianas del Norte para establecerlo como un territorio de Estados Unidos, mientras que “no hizo un compromiso negociado comparable con otros territorios”.

Asimismo, el procurador enumeró varias razones por las cuales el Supremo federal debería revisar la decisión, pues entiende que habría un impacto fiscal significativo para el gobierno de Estados Unidos si Puerto Rico es incluido.

Señaló que, según estimados de la Administración del Seguro Social, aprobar el SSI para los residentes de Puerto Rico tendría un costo para el gobierno de Estados Unidos de entre $1,800 a $2,400 millones por año, para un impacto estimado de $23,000 millones en los próximos diez años.

Asimismo, resaltó que este caso podría abrir la puerta para que otros territorios reclamen el SSI, como en Guam, donde un juez de distrito se amparó en la determinación del Circuito de Apelaciones de Boston.

“La Administración del Seguro Social estima que extender el programa del SSI a otros territorios además de Puerto Rico tendría un costo adicional de $700 millones para los próximos diez años”, indicó el Procurador.

De igual forma, alertó al Supremo federal que el impacto económico para el gobierno de Estados Unidos sería mayor por otros casos pendientes en los tribunales, alegando violaciones constitucionales por la exclusión de Puerto Rico de otros programas.

En uno de esos casos, el juez William Young – del Distrito de Massachusetts asignado al Tribunal federal en San Juan – declaró inconstitucional que se niegue a los residentes de Puerto Rico el acceso al SSI, Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y a subsidios de la parte D de Medicare.

“Las consecuencias de derrame en esta decisión aumentan la necesidad de revisión por este tribunal”, acotó el Procurador federal.

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