GOBIERNO DE TRUMP ACUDE A LA CORTE SUPREMA PARA ELIMINAR PROTECCIONES MIGRATORIAS A VENEZOLANOS

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WASHINGTON.— El gobierno del presidente Donald Trump acudió a la Corte Suprema de Estados Unidos para solicitar que se suspenda una orden judicial que restablecería el Estatus de Protección Temporal (TPS) para cientos de miles de inmigrantes venezolanos.

La solicitud de emergencia se presentó después de que un juez federal de California determinara que la eliminación del TPS para los venezolanos fue ilegal.

El gobierno busca frenar la decisión judicial antes del viernes. Según abogados federales, si la Corte Suprema no interviene, las autoridades podrían verse obligadas a liberar a aproximadamente 1,800 venezolanos que permanecen detenidos.

En su apelación, la administración Trump argumentó que restablecer el TPS impediría ejecutar hasta 332 órdenes de deportación y obligaría al gobierno a devolver las autorizaciones de trabajo a los beneficiarios. También advirtió que la medida ocasionaría un «daño grave e inmediato».

MÁS DE 600 MIL VENEZOLANOS AFECTADOS

Alrededor de 600 mil venezolanos habían recibido protección bajo el TPS. Sin embargo, tras la decisión del gobierno de poner fin al programa, sus permisos de trabajo también dejaron de tener validez.

Desde entonces, miles de personas han sido detenidas, deportadas o sometidas a procedimientos de expulsión, mientras que otras optaron por abandonar voluntariamente Estados Unidos. Actualmente no se conoce cuántos de los antiguos beneficiarios continúan viviendo en el país.

La administración Trump ha impulsado la eliminación del TPS para más de un millón de inmigrantes de 13 países, entre ellos Venezuela, Haití, Honduras, Nicaragua, Afganistán y Siria.

El programa también ha enfrentado recortes para ciudadanos de Haití y Siria, aunque el gobierno ha mantenido algunas protecciones para grupos de salvadoreños, ucranianos y sudaneses.

¿QUÉ ES EL TPS?

El Estatus de Protección Temporal fue establecido por el Congreso estadounidense en 1990 para evitar la deportación de ciudadanos extranjeros cuyos países atraviesan conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias que impiden su retorno seguro.

Este beneficio permite a sus destinatarios permanecer legalmente en Estados Unidos y obtener autorización para trabajar por periodos de hasta 18 meses, sujetos a renovación.

La decisión de la Corte Suprema será determinante para el futuro migratorio de cientos de miles de venezolanos que buscan mantener su protección frente a las deportaciones.

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