Quince inmigrantes han muerto en centros de detención migratoria en lo que va del año, diez de ellos entre enero y junio del 2025. Esto convierte a ese período en el más mortífero de la historia reciente. Algunas de estas muertes fueron suicidios, aseguran organizaciones que vigilan por los derechos humanos.

EN CIFRAS

-Más de 1200 personas están presuntamente desaparecidas del controvertido centro de detención de los Everglades, conocido como “Alcatraz Caimán”, y sus familiares y abogados no han podido localizarlas.

-Actualmente hay cerca de 60.000 detenidos, una cifra récord, y el rápido aumento de los arrestos y las detenciones, sumado a la disminución de la transparencia, indica un empeoramiento de la situación de los inmigrantes, la mayoría de los cuales no han sido condenados por ningún delito.

• Defensores de derechos humanos denuncian que los niños están siendo sometidos a detenciones prolongadas en condiciones perjudiciales, y que se multiplican los informes sobre hacinamiento, instalaciones insalubres y problemas de acceso a alimentos y atención médica.

Por Redacción Prensa Atlanta Global

Al menos quince inmigrantes han muerto en centros de detención migratoria en lo que va del 2025, mientras más de mil personas
permanecen desaparecidas, según denuncias de organizaciones de derechos humanos.
Durante la videoconferencia: Muertes, desapariciones y peligro en los centros de detención de inmigrantes organizada por American Community Media (ACoM), expertos analizaron el tema.

Los panelistas fueron:

	Andrew Free, abogado radicado en Atlanta y fundador de #DetentionKills, una iniciativa que apoya a familias y comunidades afectadas por muertes bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
	Yannick Gill, asesora principal de defensa de refugiados en Human Rights First.
	Heather Hogan, asesora de Políticas y Prácticas de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA).

LA SITUACIÓN PODRÍA EMPEORAR

La situación podría agravarse con la reciente implementación de la ley “One Big Beautiful BIll”, que destina miles de millones de dólares a reforzar el sistema de detención y deportación.
En Everglades, Florida, una instalación conocida por los internos como “Alligator Alcatraz”, se reportan más de 1,200 personas presuntamente desaparecidas. Familiares y abogados aseguran
que han perdido todo contacto con ellas y que las autoridades no ofrecen información sobre su paradero.

De acuerdo con reportes recientes, más de 60,000 inmigrantes permanecen detenidos actualmente, la cifra más alta registrada hasta la fecha. Activistas advierten que la combinación entre hacinamiento, opacidad y falta de supervisión ha generado un escenario crítico para miles de personas privadas de libertad.

“Los oficiales llaman a los detenidos simplemente ‘cuerpos’. Es un término común dentro de los centros”, denunció Heather Hogan, asesora de Políticas y Prácticas de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), durante la conferencia organizada por ACoM. “Los esposan de muñecas a pies, y los hacen esperar en una celda todo el día hasta que los llamaban para una entrevista. Sufren un trato despectivo constante”.

TRAUMAS SEVEROS

Hogan relató casos de solicitantes de asilo que sufren traumas severos y no tienen acceso a atención psicológica. “Entrevisté a una mujer que fue secuestrada en la frontera, forzada a la prostitución y luego detenida. Estas historias son frecuentes”, aseguró.

La abogada también advirtió sobre el uso del confinamiento solitario, incluso contra personas con VIH, algo que la ONU ha catalogado como una forma de tortura. “Los trasladan de un
centro a otro sin previo aviso. En muchos casos, ni sus abogados logran encontrarlos”, agregó.

CASOS QUE NO APARECEN EN LOS REGISTROS OFICIALES

Andrew Free, abogado de derechos civiles radicado en Atlanta y fundador de la campaña #DetentionKills, denunció la falta de transparencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Hemos documentado 22 muertes bajo custodia, 15 de ellas este año fiscal. El número más alto se ha registrado en Florida. Sin embargo, al menos cinco casos ni siquiera aparecen en los registros oficiales”, indicó.

El abogado precisó que la mayor parte de los fallecimientos ocurrieron en Florida, seguida por Texas. “A pesar de que Luisiana tiene una de las poblaciones más grandes de personas detenidas, no se reportaron muertes bajo custodia en ese estado”, añadió.

Free destacó además un dato preocupante: una de cada cinco personas fallecidas bajo custodia de ICE ha sido de nacionalidad mexicana, mientras que los cubanos representan el segundo grupo con más muertes registradas.

El letrado, señaló que, desde mayo de 2017, ha acompañado a familias y comunidades que buscan justicia por las muertes ocurridas bajo custodia de ICE e hizo referencia a un caso en particular que llamó la atención en el estado de Georgia.

Dijo que fue contactado por el abogado de inmigración y la familia de Jean Carlos Jiménez-Joseph quien se suicidó en el Centro de Detención de Stewart, ubicado en Lumpkin, Georgia.

CONGRESISTAS IMPEDIDOS DE INGRESAR

Yannick Gill, abogada senior de la organización Refugee Advocacy de Human Rights First, señaló que la supervisión del Congreso sobre los centros de detención migratoria no solo es una práctica establecida desde hace décadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), sino también un derecho garantizado por la Constitución.

Por ello, advirtió que impedir el acceso a un miembro del Congreso en funciones, como ha ocurrido en varias ocasiones documentadas este año, “no solo viola la Constitución, sino que resulta éticamente inaceptable”.

“Deberíamos reflexionar sobre qué están ocultando exactamente la secretaria Noem y el ICE tras esos muros”, cuestionó Gill. “Human Rights First intentó investigar este tema tras la muerte, en agosto, del señor Sho Feng Ji, ciudadano chino de 32 años, en el Centro de Procesamiento Moshannon, el más grande del noreste”.

Gill explicó que se trataba de la duodécima muerte reportada en lo que va del año, pero que la organización fue impedida de ingresar al centro para observar las condiciones de detención.
“Recibimos una carta del ICE indicando que, debido a supuestas amenazas y al aumento de agresiones contra sus funcionarios, solo permitirían el acceso a quienes presentaran solicitudes con al menos una semana de anticipación”, detalló.

CONDICIONES “VIOLAN LA CONSTITUCIÓN”

Yannick Gill, destacó que las condiciones en los centros violan la Constitución estadounidense y los derechos humanos internacionales.
– “Hemos visto negligencia médica, maltrato físico y psicológico, y negación del acceso a abogados. Muchos desaparecen al ser trasladados, a veces incluso fuera del país”, sostuvo.

Gill advirtió que la nueva legislación podría empeorar la crisis. “Estados Unidos ha enviado a cientos de venezolanos a una cárcel en El Salvador. La ley Big Beautiful Bill asigna 150 mil millones de dólares para redadas y políticas migratorias, fondos que podrían financiar más detenciones y desapariciones”, concluyó.

Andrew Free | andrew@detentionkills.org
Andrew Free is an Atlanta-based lawyer, researcher, writer, teacher, advocate, and strategy consultant. He founded #DetentionKills, a transnational abolitionist project formed to support families and communities affected by deaths in DHS custody by organizing people in motion to demand transparency, accountability, and decarceration.
He served as class counsel for more than a hundred thousand current and formerly detained immigrant workers challenging involuntary work for unjust pay in ICE detention facilities. He is a 2010 graduate of Vanderbilt University Law School and a 2004 graduate of Kennesaw State University.

Yannick Gill | gilly@humanrightsfi rst.org
As Senior Counsel of Refugee Advocacy, Yannick supports Human Rights First’s congressional and administrative advocacy to protect the rights of refugees and ensure the United States commits to refugee protection, including access to asylum protections and resettlement, in the United States and abroad. Most recently, Yannick worked in Congress where he served as Legislative Director to Representative Summer Lee and as Legislative Counsel to Representative Madeleine Dean. Prior to this, he lived, researched, and promoted human rights issues across Latin America and the Caribbean with the Organization of American States, The United Nations High Commissioner for Refugees, and the United States Agency for International Development. Yannick was also a Donald M. and Susan N. Wilson Fellow with Robert F. Kennedy Human Rights where he focused on human rights advocacy in Latin America and the Caribbean. Yannick’s work, which focuses on the intersection of migration, race, democracy, and law, has been presented before the American Society for International Law and the International Association for the Study of Forced Migration. Yannick has received The Institute of Caribbean Studies 30 Under 30 Caribbean American Emerging Leaders/Change Makers Award and the Lawyer of Color’s Top Capitol Hill Staffers Award Yannick earned a J.D. from Howard University School of Law and a B.A. with Honors in Latin American Literature and Culture from Valdosta State University. Yannick is fl uent in Spanish.

Heather Hogan | hhogan@aila.org Heather Hogan is Policy and Practice Counsel with the American Immigration Lawyers Association (AILA) on the Government Relations team. She works on AILA’s mission to advocate for fair and reasonable immigration law and policy and supports AILA member attorneys. Until January 2025, she worked with the State Department at the U.S. Embassy Abu Dhabi in the political section. She covered labor, migration, refugees, trafficking in persons, counter narcotics, and the UAE’s Federal National Council. She also served on the Afghan Task Force as a site lead at the Emirates Humanitarian City, working with Afghans evacuated to the UAE. Prior to that, Heather spent nine years with U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) as an asylum officer (AO) and supervisory asylum officer at the Los Angeles Asylum Office, and at Asylum Division Headquarters in Washington, DC. She worked in detention facilities in the southwestern U.S. screening asylum seekers and supervised teams of AOs conducting asylum screenings in family detention centers in Texas. She also trained new asylum officers at the federal training facility in Brunswick, Georgia. Heather worked in private practice in Phoenix, Arizona in both immigration and family law, and worked at Arizona State University in Tempe. She holds a Juris Doctor from the University of Nebraska College of Law and a Bachelor of Science in Biology from Kansas State University.